Por Alejandro Pérez
En un mundo atravesado por crisis económicas, tensiones geopolíticas y cambios culturales acelerados, hay un eje que vuelve a cobrar centralidad: la disputa entre el individualismo y el colectivismo. No es una discusión nueva, pero sí renovada bajo nuevas formas, nuevos liderazgos y nuevas urgencias.
Desde Buenos Aires, esta tensión no resulta ajena. Por el contrario, la Argentina parece ser hoy uno de los escenarios más nítidos donde este debate se expresa con crudeza, tanto en el plano discursivo como en las políticas concretas.
El individualismo, en su versión más contemporánea, encuentra en figuras como Javier Milei una expresión contundente. Su propuesta no solo cuestiona el tamaño del Estado, sino su propia legitimidad como organizador de la vida social. La libertad individual, llevada al extremo, se convierte en principio rector absoluto: cada persona debe ser dueña de su destino sin interferencias. Es una narrativa potente en contextos de frustración con estructuras estatales ineficientes o corruptas.
Sin embargo, este enfoque no es exclusivo de la Argentina. Donald Trump, desde Estados Unidos, también construyó su liderazgo sobre una lógica de afirmación individual —aunque combinada con un fuerte nacionalismo—, donde el mérito, la autosuficiencia y la desconfianza hacia el Estado ocupan un lugar central. Incluso Giorgia Meloni, en Italia, articula una síntesis particular: defensa de valores tradicionales y de la identidad nacional, junto con una economía que no reniega del mercado.
Del otro lado, el colectivismo —o al menos una visión más comunitaria de la sociedad— se expresa en líderes como Lula da Silva en Brasil o Gustavo Petro en Colombia. Ambos parten de una premisa distinta: sin un Estado activo que intervenga para corregir desigualdades, la libertad individual se vuelve una ilusión para amplios sectores de la población. La justicia social, en este marco, no es un resultado espontáneo del mercado, sino una construcción política deliberada.
Pero reducir esta discusión a una simple dicotomía sería un error. Ni el individualismo puro ni el colectivismo absoluto han demostrado, por sí solos, ser respuestas suficientes a la complejidad de las sociedades modernas. Los países más estables suelen combinar elementos de ambos enfoques: economías dinámicas con redes de contención social, libertades individuales con marcos regulatorios que ordenen la convivencia.
En la Argentina, este equilibrio parece especialmente difícil de alcanzar. La historia reciente ha estado marcada por vaivenes extremos: del Estado omnipresente al intento de desmantelarlo casi por completo. En ese péndulo, la sociedad queda muchas veces atrapada entre promesas de libertad que no siempre se traducen en bienestar, y políticas redistributivas que no siempre logran sostenerse en el tiempo.
Ahora bien, hay un punto que merece ser subrayado con claridad: el rol de la función pública y del Estado no debería reducirse a una disputa ideológica abstracta. Un Estado moderno, eficiente y transparente es condición necesaria para que cualquier modelo —más individualista o más colectivista— pueda funcionar. No se trata de un Estado ausente ni de uno sobredimensionado, sino de un Estado inteligente, capaz de generar las condiciones para el desarrollo.
La función pública, cuando está profesionalizada y orientada al servicio, cumple un papel insustituible: garantizar reglas claras, promover la igualdad de oportunidades, invertir en educación, salud e infraestructura, y proteger a los sectores más vulnerables sin asfixiar la iniciativa privada. En otras palabras, crear un terreno donde cada argentino pueda desplegar su proyecto de vida con libertad real, no solo formal.
Porque la libertad sin condiciones materiales mínimas corre el riesgo de convertirse en privilegio, y la intervención estatal sin eficiencia puede derivar en frustración y estancamiento. El desafío, entonces, no es elegir entre Estado o mercado, sino lograr una articulación virtuosa entre ambos.
Quizás el verdadero debate que la Argentina necesita no sea cuánto Estado o cuánto mercado, sino qué Estado: uno que obstaculice o uno que potencie. Uno capturado por intereses o uno al servicio del ciudadano.
Las respuestas, como siempre, no serán simples. Pero hay una certeza: sin instituciones sólidas y sin una función pública comprometida, ningún modelo —ni individualista ni colectivista— podrá ofrecer un horizonte de desarrollo sostenible.
Porque, en definitiva, no se trata solo de modelos económicos o teorías políticas. Se trata de cómo queremos vivir como sociedad y de qué herramientas estamos dispuestos a construir para hacerlo posible.
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