La medida fue oficializada mediante el Decreto 84/2026, luego de que la Justicia ordenara su aplicación inmediata. La norma activa un nuevo esquema de pensiones, redefine la estructura del área y fija reglas operativas hasta diciembre de 2026.
Reglamentación forzada por la Justicia
El Gobierno nacional reglamentó este miércoles la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, sancionada en 2025 pero cuya aplicación había sido suspendida por el propio Ejecutivo. La decisión se tomó tras un fallo del Juzgado Federal de Campana que declaró inválida esa suspensión y fijó como plazo límite el 4 de febrero para su implementación.
La medida fue formalizada a través del Decreto 84/2026, publicado en el Boletín Oficial, y busca poner en marcha de manera inmediata el marco normativo que declara la emergencia en discapacidad en todo el país hasta el 31 de diciembre de 2026.
Desde el Ejecutivo aclararon que la reglamentación se dicta sin convalidar los fundamentos del fallo judicial, aunque reconocieron que la resolución judicial obligó a activar la ley dentro de los plazos establecidos.
Cambios clave: nuevo régimen de pensiones y reordenamiento del área
La reglamentación establece un nuevo régimen de Pensiones No Contributivas por Discapacidad para Protección Social, con criterios más estrictos de evaluación, control y permanencia en el sistema.
Además, la política de discapacidad queda centralizada en el Ministerio de Salud, bajo la órbita de la Secretaría Nacional de Discapacidad, que deberá coordinar acciones con el Consejo Federal de Discapacidad y las provincias.
El decreto también fija mecanismos de auditoría, control administrativo y revisión periódica de los beneficios, en línea con el enfoque fiscalista del Gobierno, que insiste en limitar el impacto presupuestario de la norma.
Un conflicto político, judicial y presupuestario
La ley había sido vetada por el presidente Javier Milei en 2025, bajo el argumento de que no existían fondos suficientes para garantizar su implementación. Sin embargo, el Congreso insistió con su sanción y posteriormente la Justicia declaró inválida la suspensión dispuesta por el Ejecutivo.
El fallo judicial consideró que frenar la aplicación de la ley vulneraba derechos constitucionales y tratados internacionales que protegen a las personas con discapacidad, lo que obligó al Gobierno a avanzar con la reglamentación.
Aun así, el Ejecutivo dejó abierta la posibilidad de apelar la decisión judicial, mientras busca ajustar la implementación al marco presupuestario disponible.
Impacto en el sistema de prestaciones
Con la reglamentación, se activan cambios en la estructura de atención, el esquema de pensiones y los mecanismos de control, lo que impactará en miles de beneficiarios en todo el país.
Organizaciones sociales y entidades vinculadas al sector venían reclamando la puesta en marcha urgente de la norma, al advertir sobre la crisis en el sistema de atención, la demora en pagos y la pérdida de cobertura para muchas personas con discapacidad.
Puntos clave
- Se reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad mediante el Decreto 84/2026.
- La medida se tomó tras un fallo judicial que ordenó su aplicación inmediata.
- Se crea un nuevo régimen de pensiones no contributivas con mayores controles.
- El área queda centralizada en el Ministerio de Salud.
- La emergencia rige hasta el 31 de diciembre de 2026.
