21 de octubre de 2025

Tiros en La Placita: imputaron al principal sospechoso y seguirá detenido salvo que pague una fianza millonaria

El hom­bre sindi­ca­do como autor de los dis­paros que hirieron a un joven durante un vio­len­to enfrentamien­to en el mer­ca­do mod­e­lo La Placita, en pleno micro­cen­tro de Posadas, fue imputa­do por “lesiones agravadas por el uso de arma de fuego” y con­tin­uará detenido, a menos que cubra una fian­za de diez mil­lones de pesos.

El hecho ocur­rió el sába­do por la noche en la zona de aveni­da Roque Sáenz Peña, entre Sarmien­to y San Martín. Según la recon­struc­ción del caso, un grupo de per­sonas llegó al lugar en una camione­ta Ford Ranger roja con plo­teo com­er­cial, y tras un cruce con com­er­ciantes del mer­ca­do, se pro­du­jo una pelea que ter­minó con al menos un dis­paro. La víc­ti­ma, un joven de 24 años que tra­ba­ja en uno de los locales, recibió un impacto de bala en una pier­na y fue deriva­do al Hos­pi­tal Ramón Madaria­ga, donde per­manece fuera de peli­gro.

La causa es instru­i­da por el juez Marce­lo Car­do­zo, quien tomó declaración a los siete detenidos por el caso. Todos se abstu­vieron de declarar. Tras las audi­en­cias, tres fueron lib­er­a­dos, aunque quedaron suped­i­ta­dos a la causa, y otros tres recu­per­aron la lib­er­tad bajo cau­ción jura­to­ria, tras fijar domi­cilio y com­pro­m­e­terse a pre­sen­tarse ante la Jus­ti­cia cada vez que sean con­vo­ca­dos.

El prin­ci­pal acu­sa­do, de 38 años, pre­sun­ta­mente cabecil­la del grupo y autor del dis­paro, enfrenta una situación más com­ple­ja. Las peri­cias real­izadas en el lugar del hecho per­mi­tieron secues­trar dos vainas servi­das cal­i­bre 9 mm, com­pat­i­bles con un arma de guer­ra, lo que agra­va su imputación. Además, cámaras de seguri­dad de la zona habrían reg­istra­do el momen­to en que se efec­túan los dis­paros, lo que refuerza la hipóte­sis de su respon­s­abil­i­dad direc­ta en la agre­sión.

La camione­ta uti­liza­da por los agre­sores fue local­iza­da el lunes por la Unidad Region­al I y secuestra­da por orden judi­cial. Pertenecería a una con­ce­sion­ar­ia de la ciu­dad, lo que podría abrir nuevas líneas de inves­ti­gación en torno al vín­cu­lo del acu­sa­do con el vehícu­lo y otros impli­ca­dos.

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