Tras el veto presidencial al proyecto de ley que declaraba la emergencia en discapacidad, referentes y organizaciones de Eldorado advirtieron sobre la creciente incertidumbre entre beneficiarios de pensiones no contributivas y prestadores de servicios de salud.
El Senado había aprobado la iniciativa el 10 de junio, extendiendo la emergencia hasta diciembre de 2027, pero el presidente Javier Milei la vetó en su totalidad el pasado 4 de agosto, decisión que fue oficializada en el Boletín Oficial.
Claudio Caminiti, integrante del Consejo Municipal de Discapacidad de Eldorado, explicó que la inquietud en la ciudad comenzó a principios de año con auditorías relacionadas a las pensiones y se intensificó tras el envío de cartas documento a beneficiarios, que en muchos casos nunca fueron recibidas. “Muy pocas personas han recibido la carta, y al revisar en el bot de Mi Argentina se encontraron con citaciones de hace dos meses, sin haber tenido aviso previo, aun viviendo en zonas accesibles”, señaló.
Caminiti advirtió que ya existen casos de personas que perdieron su pensión sin notificación. “Fueron a cobrar y el sueldo ya no estaba depositado. No sabemos con quién hablar”, sostuvo. En este contexto, diversas agrupaciones presentaron al Concejo Deliberante un pedido formal para declarar la emergencia en discapacidad a nivel municipal.
El referente remarcó que la discusión trasciende lo político. “Estamos hablando de personas que están sufriendo, y lo que está sucediendo es muy cruel. Hay quienes creen que las pensiones son truchas, pero si eso fuera así, alguien las otorgó y firmó certificados médicos”, dijo.
Según sus datos, en Argentina hay cerca de 6 millones de personas con discapacidad, pero sólo 1,2 millones reciben pensiones y 1,5 millones cuentan con Certificado Único de Discapacidad (CUD). “¿Qué pasa con los otros millones? Nadie lo sabe y parece que a nadie le interesa saberlo”, cuestionó.
En cuanto a la cobertura médica, advirtió que en Eldorado algunas obras sociales ya suspendieron prestaciones. Prestadores y transportistas manifestaron que desconocen hasta cuándo podrán sostener el servicio, dado que cobran con retrasos de cuatro a seis meses y con montos que consideran insuficientes.
Caminiti concluyó que, si bien las decisiones sobre nomencladores, prestaciones y pensiones dependen del Gobierno nacional, las personas afectadas son de Misiones. Por ello, llamó a trabajar de manera conjunta para buscar soluciones urgentes.
Con información de Misiones Online




