Pablo Grillo fue dado de alta después de casi tres meses de internación

El fotó­grafo Pablo Gril­lo, de 35 años, fue dado de alta tras per­manecer cer­ca de tres meses hos­pi­tal­iza­do en el Hos­pi­tal Ramos Mejía debido a las graves lesiones sufridas durante un oper­a­ti­vo de las fuerzas fed­erales en una mar­cha por los jubi­la­dos. Actual­mente, fue traslada­do al Hos­pi­tal de Reha­bil­itación Manuel Roc­ca, donde con­tin­uará con su pro­ce­so de recu­peración.

Según infor­maron sus famil­iares, Gril­lo per­manecerá inter­na­do de lunes a viernes para su reha­bil­itación y ten­drá per­miso para salir de man­era ambu­la­to­ria durante los fines de sem­ana. De avan­zar favor­able­mente, en aprox­i­mada­mente dos meses deberá regre­sar al cen­tro de salud ubi­ca­do en el bar­rio porteño de Bal­van­era para some­terse a una segun­da inter­ven­ción quirúr­gi­ca.

Las heri­das del fotope­ri­odista fueron cau­sadas por el impacto de una cáp­su­la de gas lacrimógeno dis­para­da por efec­tivos de Gen­darmería durante la man­i­festación a favor de los jubi­la­dos el pasa­do 12 de mar­zo. Estas lesiones provo­caron un trau­ma severo, con múlti­ples frac­turas craneales y pér­di­da de teji­do cere­bral, lo que derivó en un cuadro de hidro­ce­falia que solo puede tratarse medi­ante cirugía.

Tras pasar 55 días en ter­apia inten­si­va, el 8 de mayo Gril­lo fue traslada­do tem­po­ral­mente fuera de esa unidad. En una fotografía que cir­culó en redes sociales, se lo pudo ver acom­paña­do por su padre, Fabián, en uno de los bal­cones del Hos­pi­tal Ramos Mejía.

El inci­dente ocur­rió en medio del oper­a­ti­vo de seguri­dad durante la protes­ta, en la que tam­bién par­tic­i­paron gru­pos vio­len­tos y mil­i­tantes de orga­ni­za­ciones de izquier­da. El fotó­grafo se encon­tra­ba res­guarda­do detrás de los restos de un mue­ble incen­di­a­do cuan­do recibió el impacto de un car­tu­cho de gas lacrimógeno lan­za­do por un agente de Gen­darmería.

La investigación judicial

Por la agre­sión a Gril­lo se abrió una inves­ti­gación judi­cial que con­tinúa en cur­so. El caso trami­ta en el juz­ga­do de María Servi­ni, luego de que el pres­i­dente de la Cámara Fed­er­al, el mag­istra­do Mar­i­ano Llorens, debiera resolver una dis­pu­ta por la com­pe­ten­cia. La decisión hizo recaer la causa en el Juz­ga­do Fed­er­al N°1.

A instan­cias del fis­cal Eduar­do Taiano, Servi­ni pidió que el Min­is­te­rio de Seguri­dad le envíe “todas las actua­ciones labradas a raíz del oper­a­ti­vo desple­ga­do por las fuerzas el día 12 de mar­zo”, y todo el “mar­co nor­ma­ti­vo” que apli­ca al caso, como “pro­to­co­los y reglamen­tos”, además de la orden para pon­er en mar­cha el oper­a­ti­vo. Asimis­mo, solic­itó que se especi­fique el tipo de “arma­men­to no letal” que se uti­lizó ese día, y las respec­ti­vas “guías de actuación” que reg­u­lan su mane­jo.

La denun­cia que guía la inves­ti­gación sobre los hechos es una de las dos que activó la Procu­vin (Procu­raduría de Vio­len­cia Insti­tu­cional), una fis­calía con­tra la vio­len­cia insti­tu­cional. Jun­to a ella trami­tan otras actua­ciones, como la denun­cia que hizo la famil­ia de Gril­lo o la que hizo Beat­riz Blan­co, la jubi­la­da que cayó de espal­das luego una dis­pu­ta con un policía.

Fuente: Ámbito