El juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, ordenó la suspensión del decreto presidencial que transformaba al Banco de la Nación Argentina en una sociedad anónima. La medida cautelar interina impide cualquier acción tendiente a su implementación y otorga al Gobierno un plazo de cinco días para presentar sus argumentos en la causa iniciada el año pasado contra una posible privatización de la entidad.
En su resolución, el magistrado sostuvo que el Banco Nación es una entidad autárquica creada por el Congreso y que cualquier modificación de su estatus debe ser decidida exclusivamente por el Poder Legislativo. Consideró, además, que el decreto 116/2025 fue dictado en exceso, ya que cuando se aprobó la Ley Bases se excluyó a la entidad de las empresas sujetas a privatización. Aunque el decreto en cuestión no la declara explícitamente en ese proceso, su transformación en sociedad anónima podría interpretarse como un paso previo en esa dirección.
La decisión judicial responde a un reclamo que advertía sobre los alcances de la medida impulsada por el Ejecutivo. El Gobierno había publicado el decreto la semana pasada en el Boletín Oficial, argumentando que el cambio en la estructura jurídica del Banco Nación no alteraba su carácter de entidad pública, sino que eliminaba ciertas restricciones propias de una sociedad del Estado y ampliaba las posibilidades de capitalización.
El fallo pone en pausa la iniciativa oficial y abre un nuevo capítulo en la discusión sobre el futuro del banco, en un contexto de fuerte debate político y económico en torno al rol de las empresas estatales.
