Con el objetivo de enfrentar el avance del crimen organizado en zonas fronterizas, el Ministerio de Seguridad de la Nación oficializó este lunes el lanzamiento del Plan Guacurarí, una estrategia focalizada en la ciudad misionera de Bernardo de Irigoyen, en el límite con Brasil.
La medida fue publicada en el Boletín Oficial a través de la resolución 626/2025, firmada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, y establece la creación de un Comando Unificado con participación de fuerzas federales y provinciales.
La zona elegida para el operativo abarca un tramo de 25 kilómetros de frontera seca, de difícil acceso y sin barreras naturales, donde se ha detectado una creciente actividad delictiva vinculada al narcotráfico, contrabando, trata de personas y lavado de dinero. El Gobierno nacional reconoció que organizaciones criminales como el Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho, ambas de origen brasileño, han intensificado su presencia en esa región estratégica.
El Comando Unificado Guacurarí estará integrado por efectivos de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Servicio Penitenciario Federal, y contará con la participación de la Policía de Misiones, mediante enlaces designados por la provincia. El objetivo principal será coordinar operativos conjuntos para recuperar el control territorial y desarticular redes delictivas transnacionales.
El plan tendrá una duración inicial de 180 días, con posibilidad de prórroga según la evolución de la situación en el terreno. Forma parte de una política más amplia de reforzamiento de las fronteras impulsada por el Gobierno, que también incluye los planes Güemes y Roca, en las provincias de Salta y Jujuy, respectivamente.
Desde el Ministerio señalaron que Misiones representa un punto clave por sus extensas fronteras con Paraguay y Brasil, y que la falta de presencia estatal en ciertas zonas fue aprovechada por el crimen organizado para establecer corredores ilegales.
El Plan Guacurarí no solo busca reestablecer el orden en el terreno, sino también enviar un mensaje político claro: el Estado retoma la iniciativa en regiones donde históricamente las redes delictivas operaron con impunidad.