En una decisión que marca un nuevo giro en la política agroindustrial nacional, el ministro de Economía, Luis Caputo, derogó la Resolución 152/2021 del entonces Ministerio de Agricultura, que avalaba los límites establecidos por el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) para nuevas plantaciones del cultivo en Misiones y Corrientes. La medida eliminada había sido implementada con el objetivo de frenar la sobreoferta de materia prima y garantizar un precio justo para los pequeños productores.
Con esta derogación, que forma parte del paquete de desregulaciones impulsado por el gobierno de Javier Milei, ya no habrá topes para nuevas plantaciones, que hasta ahora estaban restringidas a 5 hectáreas por productor al año.
La norma original, la Resolución 170/2021 del INYM, había sido aprobada en junio de 2021 con apoyo del gobierno misionero y de asociaciones de productores yerbateros, como herramienta para evitar un crecimiento descontrolado de los yerbales que pudiera deprimir los precios. La medida comenzó a regir en enero de 2022 y fue concebida como una respuesta a un reclamo histórico de los pequeños productores, quienes sostenían que la expansión indiscriminada de los grandes grupos económicos podía poner en riesgo la sostenibilidad del sector.
Un debate que divide al sector
La política fue resistida desde su origen por el gobierno de Corrientes y por los grandes molinos yerbateros, que la consideraban un obstáculo para el desarrollo y la competitividad. Sostenían que los límites a la producción coartaban las posibilidades de crecimiento, inversión y generación de empleo.
El conflicto incluso llegó a judicializarse, con presentaciones ante la Corte Suprema, mientras persistía la tensión entre dos modelos de desarrollo: uno basado en la regulación del mercado en favor de los pequeños productores, y otro que promueve una lógica de libre competencia sin intervención estatal.
La reciente decisión de Caputo, publicada en el Boletín Oficial, representa el segundo golpe a las políticas regulatorias impulsadas por el INYM. La medida se inscribe en una estrategia general del gobierno nacional de avanzar en la desregulación de los mercados, recortar facultades de los organismos descentralizados y promover un enfoque liberal en todos los sectores productivos.
