El Gobierno nacional anunció la eliminación progresiva de aranceles a la importación de teléfonos celulares y una serie de beneficios fiscales para productos electrónicos, con el objetivo de bajar los precios, fomentar la competencia y desregular el mercado. La medida se aplicará en dos etapas y alcanzará su plenitud en enero de 2026.
El vocero presidencial Manuel Adorni informó que los aranceles a los celulares importados —actualmente del 16%— bajarán al 8% de manera inmediata, y se eliminarán completamente dentro de 20 meses. La decisión también alcanza a los equipos ensamblados en Tierra del Fuego, que seguirán recibiendo beneficios fiscales, aunque en un esquema más equilibrado frente a los importados.
En paralelo, el Gobierno reducirá los aranceles de importación para consolas de videojuegos como la PlayStation y la Xbox. Actualmente gravadas con un 35%, pasarán a tributar un 20%. Esta rebaja, según el Ejecutivo, apunta a impulsar el acceso a productos tecnológicos que, por su carga impositiva, mantienen precios significativamente más altos que en países de la región.
Otro de los puntos clave de la reforma es la reducción de impuestos internos. Los celulares, televisores y aires acondicionados importados tributarán un 9,5% en lugar del 19% anterior, mientras que los productos fabricados en Tierra del Fuego mantendrán una tasa del 0%. Con esta política, el Gobierno busca evitar distorsiones en la competencia y garantizar un beneficio directo al consumidor.
Adorni explicó que el esquema anterior “generaba precios artificialmente elevados” y que estas medidas permitirán una baja estimada del 30% en los precios de productos electrónicos. “Los argentinos pagan hasta el doble que en países vecinos por el mismo dispositivo. Esto busca corregir esa distorsión”, remarcó.
La iniciativa se inscribe en la política de desregulación que impulsa el Gobierno desde su asunción, con la intención de abrir mercados y reducir el costo de vida. Sin embargo, desde distintos sectores de la industria se espera conocer cómo impactará esta decisión en el empleo y la producción local, especialmente en el polo industrial de Tierra del Fuego.