En los últimos meses, el presidente Trump ha desplegado una imponente fuerza militar en el Caribe para amenazar a Venezuela. Hasta ahora, el presidente de Estados Unidos había utilizado esa fuerza —un portaaviones, al menos otros siete buques de guerra, decenas de aviones y 15.000 soldados estadounidenses— en ataques ilegales contra pequeñas embarcaciones que, él afirma, transportaban drogas. Este fin de semana, Trump intensificó drásticamente su campaña al capturar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, como parte de lo que denominó “un ataque a gran escala” contra el país.
Pocas personas sentirán simpatía por Maduro. Es antidemocrático y represivo, y ha desestabilizado el hemisferio occidental en los últimos años. Naciones Unidas publicó recientemente un informe en el que se detallan más de una década de asesinatos, torturas, violencia sexual y detenciones arbitrarias por parte de sus agentes contra sus oponentes políticos. Se robó las elecciones presidenciales de Venezuela el año pasado. Ha alimentado perturbaciones económicas y políticas en toda la región al instigar un éxodo de casi ocho millones de migrantes.
Sin embargo, si existe una lección primordial de las relaciones internacionales estadounidenses del siglo pasado, es que intentar derrocar incluso al régimen más deplorable puede empeorar las cosas. Estados Unidos pasó 20 años sin conseguir crear un gobierno estable en Afganistán y sustituyó una dictadura en Libia por un Estado fracturado. Las consecuencias trágicas de la guerra de 2003 en Irak siguen persiguiendo a Estados Unidos y al Medio Oriente. Quizá lo más relevante sea el hecho de que Estados Unidos ha desestabilizado esporádicamente países latinoamericanos, como Chile, Cuba, Guatemala y Nicaragua, intentando derrocar a un gobierno por la fuerza.
Trump aún no ha ofrecido una explicación coherente de sus acciones en Venezuela. Está empujando a nuestro país hacia una crisis internacional sin razones válidas. Si Trump quiere argumentar lo contrario, la Constitución establece lo que debe hacer: acudir al Congreso. Sin la aprobación del Congreso, sus acciones violan la ley de Estados Unidos.
La justificación nominal del aventurerismo militar del gobierno es destruir a los “narcoterroristas”. A lo largo de la historia, los gobiernos han calificado de terroristas a los dirigentes de naciones rivales, tratando de justificar las incursiones militares como operaciones policiales. La afirmación es especialmente ridícula en este caso, dado que Venezuela no es un productor significativo de fentanilo ni de las otras drogas que han dominado la reciente epidemia de sobredosis en Estados Unidos, y la cocaína que sí produce fluye principalmente a Europa. Mientras Trump ha estado atacando a las embarcaciones venezolanas, también indultó a Juan Orlando Hernández, quien dirigió una extensa operación de narcotráfico cuando fue presidente de Honduras de 2014 a 2022.
Una explicación más plausible de los ataques a Venezuela puede encontrarse, en cambio, en la recientemente publicada Estrategia de Seguridad Nacional de Trump. En ella se reivindica el derecho a dominar Latinoamérica: “Tras años de abandono, Estados Unidos reafirmará y aplicará la Doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el Hemisferio Occidental”. En lo que el documento denominó el “Corolario Trump”, el gobierno prometió redesplegar fuerzas de todo el mundo en la región, detener a los traficantes en alta mar, utilizar la fuerza letal contra migrantes y narcotraficantes y, potencialmente, instalar más soldados estadounidenses en la región.
Al parecer, Venezuela se ha convertido en el primer país sometido a este imperialismo de los últimos tiempos, y representa un enfoque peligroso e ilegal del lugar de Estados Unidos en el mundo. Al proceder sin ningún atisbo de legitimidad internacional, autoridad legal válida o respaldo nacional, Trump se arriesga a dar una justificación a los autoritarios de China, Rusia y otros países que quieren dominar a sus propios vecinos. De forma más inmediata, amenaza con reproducir la arrogancia estadounidense que condujo a la invasión de Irak en 2003.
Como candidato presidencial, Trump parecía reconocer los problemas de la extralimitación militar. En 2016, fue el único político republicano que denunció la insensatez de la guerra de Irak del presidente George W. Bush. En 2024, dijo: “No voy a empezar una guerra. Voy a detener guerras”.
Ahora está abandonando este principio, y lo está haciendo de manera ilegal. La Constitución exige que el Congreso apruebe cualquier acto de guerra. Sí, los presidentes a menudo sobrepasan los límites de esta ley. Pero incluso Bush buscó y recibió el respaldo del Congreso para su invasión de Irak, y los presidentes desde Bush han justificado su uso de ataques con drones contra grupos terroristas y sus partidarios con una ley de 2001 que autorizó la acción tras los atentados del 11 de septiembre. Trump no tiene ni siquiera un pretexto de autoridad legal para validar sus ataques contra Venezuela.
Los debates del Congreso sobre la acción militar desempeñan un papel democrático crucial. Detienen el aventurerismo militar obligando al presidente a justificar sus planes de ataque ante la opinión pública y exigiendo a los miembros del Congreso que vinculen su propia credibilidad a esos planes. Durante años, tras la votación sobre la guerra de Irak, los demócratas que apoyaron a Bush, incluidos Hillary Clinton y John Kerry, pagaron un precio político, mientras que quienes criticaron la guerra, como Bernie Sanders y Barack Obama, llegaron a ser considerados proféticos.
En el caso de Venezuela, un debate en el Congreso pondría al descubierto la fragilidad de la lógica de Trump. Su gobierno ha justificado sus ataques contra las pequeñas embarcaciones alegando que suponen una amenaza inmediata para Estados Unidos. Pero un grupo variado de expertos jurídicos y militares han rechazado esta afirmación, y el sentido común también la refuta. Un intento de introducir drogas de contrabando en Estados Unidos —si es que, de hecho, todas las embarcaciones lo estaban haciendo— no es un intento de derrocar al gobierno o derrotar a su ejército.
Sospechamos que Trump se ha negado a solicitar la aprobación del Congreso para sus acciones, en parte porque sabe que incluso algunos republicanos del Congreso son profundamente escépticos sobre la dirección que está llevando a este país. Los senadores Rand Paul y Lisa Murkowski y los representantes Don Bacon y Thomas Massie —todos ellos republicanos— ya han respaldado legislaciones que limitarían las acciones militares de Trump contra Venezuela.
Un segundo argumento contra los ataques de Trump a Venezuela es que violan el derecho internacional. Al bombardear las pequeñas embarcaciones que Trump dice que trafican con drogas, ha matado a personas basándose en la mera sospecha de que han cometido un delito y no les ha dado ninguna oportunidad de defenderse. Las Convenios de Ginebra de 1949 y todos los principales tratados de derechos humanos posteriores prohíben este tipo de ejecuciones extrajudiciales. También lo hace la legislación estadounidense.
El gobierno parece haber matado a personas indefensas. En un ataque, la Marina realizó un segundo ataque contra una embarcación ya destruida, unos 40 minutos después del primer ataque, matando a dos marineros que se aferraban a los restos de la embarcación y no parecían representar ninguna amenaza. Como ha escrito nuestro colega David French, exabogado del ejército estadounidense: “Lo que separa la guerra del asesinato es la ley”.
Los argumentos jurídicos contra las acciones de Trump son los más importantes, pero también existe un argumento realista si se ve con analíticamente. No son del interés de la seguridad nacional de Estados Unidos. Lo más parecido a una analogía alentadora es la invasión de Panamá por el presidente George H. W. Bush hace 36 años este mes, que expulsó del poder al dictador Manuel Noriega y ayudó a encaminar a Panamá hacia la democracia. Sin embargo, Venezuela es diferente en aspectos importantes. Panamá es un país mucho más pequeño, y fue un país en el que funcionarios y soldados estadounidenses habían operado durante décadas debido al canal de Panamá.
El potencial de caos en Venezuela parece mucho mayor. A pesar de la captura de Maduro, los generales que han apuntalado su régimen no desaparecerán de repente. Tampoco es probable que entreguen el poder a María Corina Machado, la figura de la oposición cuyo movimiento parece haber ganado las últimas elecciones del país y quien aceptó el Premio Nobel de la Paz el mes pasado.
Entre las posibles consecuencias negativas está la posibilidad de un aumento de la violencia por parte del grupo militar colombiano de izquierda ELN, que tiene un punto de apoyo en la zona occidental de Venezuela, o por parte de los grupos paramilitares conocidos como “colectivos” que han operado en la periferia del poder bajo la dictadura de Maduro. Nuevos disturbios en Venezuela podrían desestabilizar los mercados mundiales de la energía y los alimentos y empujar a más migrantes por todo el hemisferio.
Entonces, ¿cómo debe abordar Estados Unidos el continuo problema que significa Venezuela para la región y los intereses estadounidenses? Compartimos las esperanzas de los venezolanos desesperados, algunos de los cuales han defendido la intervención. Pero no hay respuestas fáciles. A estas alturas, el mundo debería comprender los riesgos de un cambio de régimen.
Mantendremos la esperanza de que la crisis actual acabe menos mal de lo que esperamos. Tememos que el resultado del aventurerismo de Trump se traduzca en un mayor sufrimiento para los venezolanos, un aumento de la inestabilidad regional y un daño duradero para los intereses de Estados Unidos en todo el mundo. Sabemos que el belicismo de Trump viola la ley.
Por El Comité Editorial del New York Times
El Comité Editorial está conformado por un grupo de periodistas de opinión cuyos puntos de vista se basan en su experiencia, investigación, debates y unos valores muy arraigados. Es independiente de la sala de redacción.
