La investigación por corrupción de menores que sacude a la Escuela N° 617 de El Soberbio escaló en las últimas horas. Mientras la Justicia confirmó que el docente Emanuel Emiliano F. continuará detenido, la querella solicitó formalmente la ampliación de la imputación penal de la directora del establecimiento y de una docente, por encubrimiento agravado y falsificación de instrumento público.
Misiones Online. La causa que conmociona a la localidad de El Soberbio tuvo avances en las últimas horas: mientras el Juzgado de Instrucción N° 3 de San Vicente confirmó que Emanuel Emiliano F., docente de la Escuela de Frontera N° 617, continuará detenido, la querella presentó un escrito solicitando la imputación penal de la directora del establecimiento y de una colega del acusado, señalando la existencia de una trama de encubrimiento, falsedad ideológica y pactos de silencio, que habrían permitido la reiteración de los abusos.
La situación procesal de Emanuel Emiliano F., quien fue detenido a finales de septiembre acusado de promoción a la corrupción de menores agravada, se complicó tras el rechazo del pedido de excarcelación presentado por su defensa.
El juez interviniente resolvió “no hacer lugar al auto de soltura”, alineándose con la postura de la fiscalía y la querella, al considerar que existen riesgos procesales y un peligro inminente para las víctimas.
“Peligro real e inminente de revictimización”
Según se desprende de la resolución judicial, la liberación del imputado representaría un “peligro real e inminente de la revictimización y afectación de la integridad psicofísica de las menores”, dado que su accionar sistemático se dirigió contra múltiples niñas de entre 9 y 12 años de edad de la misma comunidad.
El magistrado fundamentó su decisión en que la investigación se encuentra en plena etapa de recolección de pruebas, destacando que “la libertad del imputado, teniendo en cuenta sus características, claramente podría llegar a entorpecer su producción”.
Además, la resolución invoca la Convención de Belem do Pará, subrayando la obligación del Estado de actuar con diligencia para prevenir y sancionar la violencia contra la mujer, advirtiendo que aún restan medidas cruciales como las entrevistas en Cámara Gesell.
Encubrimiento, falsificación e incumplimiento de deberes
Por otra parte, el foco de la acusación se expandió más allá del autor material. Las familias de las víctimas, representadas en la querella, solicitaron formalmente la ampliación de la imputación penal contra la directora de la escuela, Elizabeth María L. de M., y la docente Noelia Vanessa T.
Se las acusa de encubrimiento agravado, falsificación de instrumento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y, en el caso de la directora, falso testimonio.
El escrito presentado ante la justicia describe una “secuencia probada de omisión dolosa”, que comenzó entre mayo y junio de 2025, momento en que las autoridades habrían tenido el primer indicio de los delitos.
De acuerdo con la denuncia, una de las madres alertó a la maestra Noelia Vanessa T. sobre las conductas inapropiadas de Emanuel Emiliano F. meses antes de la detención. No obstante, las docentes habrían optado por una “solución interna” en lugar de realizar la denuncia obligatoria, bajo el argumento de que la hija de la propia maestra no había mencionado nada al respecto.
Esta omisión deliberada, según la querella, “frustró la acción penal, lo que permitió que el imputado maestro, sintiéndose impune, continuara reincidiendo en los hechos delictivos hasta septiembre de 2025”.
Reunión “clandestina”
La acusación detalla un evento de extrema gravedad ocurrido el sábado 20 de septiembre, días antes de que el escándalo estallara públicamente. Según los testimonios recabados, la directora y la maestra Noelia Vanessa T. mantuvieron una «reunión clandestina» en el domicilio particular de esta última con el principal acusado, Emanuel Emiliano F..
El objetivo de dicho encuentro, realizado fuera del ámbito laboral, habría sido “coordinar una versión de los hechos” y ayudar al imputado a eludir la acción de la Justicia.
En dicha reunión, Emanuel Emiliano F. habría intentado justificar las fotografías tomadas a las alumnas alegando que eran para “una escena de la película Destino Final” y para levantar notas, una explicación que la directora omitió inicialmente en su declaración testimonial bajo juramento.
Acta escolar “ideológicamente falsa”
La gravedad de la maniobra de encubrimiento se habría sellado con la confección de un acta escolar fechada el 23 de septiembre, la cual fue denunciada como ideológicamente falsa.
El documento público presentaría contradicciones flagrantes entre lo declarado por la directora y lo sostenido por la docente Noelia Vanessa T. respecto a las órdenes impartidas para citar a los padres, lo que demostraría que el acta fue utilizada para «plasmar una versión exculpatoria coordinada» y distorsionar la verdad procesal.
Ante este escenario, la querella solicitó medidas urgentes, incluyendo el secuestro de los dispositivos electrónicos de las docentes acusadas y del libro de actas original, argumentando que existe una “estructura de apoyo y protección al imputado dentro del ámbito educativo”.
Para las familias, la conducta de las autoridades escolares no fue una simple negligencia, sino una decisión consciente que priorizó la protección de la institución y del colega por sobre la integridad de las niñas, configurando un “dolo de obstrucción a la investigación”, que ahora deberá ser dirimido por la Justicia penal.
Separación de docentes dispuesta por el CGE
El Consejo General de Educación (CGE) de Misiones ya había separado preventivamente de sus cargos, el pasado 24 de septiembre a cinco docentes de la Escuela N.º 617 de El Soberbio.
La medida fue tomada tras las denuncias de padres contra el maestro ahora detenido, acusado de tomar fotografías a alumnos de séptimo grado.
Desde el CGE fundamentaron tal medida en el hecho de que la directora no activó el protocolo correspondiente, ni tampoco las docentes que supuestamente estaban al tanto de los hechos luego denunciados.
El docente detenido por pedofilia, de 29 años de edad, fue denunciado por al menos trece padres de alumnos de séptimo grado, a quienes llevaba a la sala de informática para tomarles fotografías en distintas posiciones.
