Comenzó el juicio contra el cacique guaraní acusado de asesinar y quemar a su pareja en San Vicente

Este miér­coles, el Tri­bunal Penal Uno de Oberá dio ini­cio al juicio oral y públi­co con­tra Marce­lo “Clau­dio” Núñez, cacique de la comu­nidad indí­ge­na Tarumá Poty, de San Vicente, acu­sa­do de haber asesina­do y cal­ci­na­do a su pare­ja, María Solange Diniz Rabela, durante la eta­pa más estric­ta del ais­lamien­to por la pan­demia de COVID-19.

La causa, que con­mo­cionó a la provin­cia de Misiones, se remon­ta al 12 de abril de 2020, cuan­do la joven de 22 años fue hal­la­da muti­la­da, par­cial­mente cal­ci­na­da y semi enter­ra­da cer­ca de la vivien­da que com­partía con el acu­sa­do. Por estos hechos, Núñez enfrenta car­gos por homi­cidio doble­mente agrava­do por el vín­cu­lo y por medi­ar vio­len­cia de género, un deli­to que con­tem­pla la pena de prisión per­pet­ua.

Durante la primera jor­na­da del debate, el imputa­do estu­vo pre­sente en la sala, acom­paña­do por su abo­ga­do defen­sor Jorge Zab­u­lanez y un intér­prete de guaraní, para ase­gu­rar su ple­na com­pren­sión del pro­ce­so judi­cial. La acusación está a car­go del fis­cal David Mili­ci­ch, y el tri­bunal está inte­gra­do por los jue­ces Fran­cis­co Aguirre, Hora­cio Pani­agua y Julio Car­val­lo (en cal­i­dad de sub­ro­gante).

La ver­sión ini­cial de Núñez fue que la joven habría fal­l­e­ci­do por coro­n­avirus, y que decidió que­mar el cuer­po para evi­tar una supues­ta propa­gación del virus. Sin embar­go, esa coar­ta­da fue descar­ta­da por la Fis­calía, que sostiene que el crimen fue cometi­do con vio­len­cia extrema y con la inten­ción de elim­i­nar evi­den­cia.

El pro­ce­so judi­cial lle­ga con un retra­so de cin­co años, en medio de un con­tex­to de ais­lamien­to san­i­tario, difi­cul­tades de acce­so a la comu­nidad indí­ge­na y una pos­te­ri­or fuga del acu­sa­do, quien fue local­iza­do sem­anas después en otra aldea a unos 40 kilómet­ros del lugar del hecho.

Durante las próx­i­mas audi­en­cias, se espera la declaración de al menos catorce tes­ti­gos, inclu­i­dos inte­grantes de la comu­nidad, per­son­al de salud y espe­cial­is­tas forens­es.