Causa Vialidad: ordenan el decomiso de bienes para Cristina Kirchner y Lázaro Báez

El Tri­bunal Oral en lo Crim­i­nal Fed­er­al 2 de Buenos Aires resolvió con­fis­car propiedades y sumas de dinero por un total actu­al­iza­do de $684.990 mil­lones en el mar­co de la causa Vial­i­dad. La decisión, fir­ma­da el 18 de noviem­bre de 2025, alcan­za a la expres­i­den­ta Cristi­na Kirch­n­er, a Lázaro Báez, a sus famil­ias y a sociedades vin­cu­ladas.

La sen­ten­cia que avala este decomiso quedó firme el 10 de junio de 2025. En el fal­lo orig­i­nal, el mon­to había sido cal­cu­la­do en poco más de $84.800 mil­lones, pero fue reval­u­a­do con la inter­ven­ción de per­i­tos judi­ciales, del Min­is­te­rio Públi­co Fis­cal y del Cuer­po de Per­i­tos Con­ta­dores de la Corte Supre­ma. Tras esa actu­al­ización, los con­de­na­dos fueron inti­ma­dos a cubrir el nue­vo val­or, pero ninguno cumplió con el requer­im­ien­to.

El lis­ta­do de activos afec­ta­dos incluye inmue­bles pertenecientes a Aus­tral Con­struc­ciones SA, Kank y Cos­til­la SA, Got­ti Hnos. SA y Loscal­zo y Del Cur­to SRL, además de propiedades trans­feri­das a los hijos de la exman­dataria. El tri­bunal tam­bién dis­pu­so que, si estos bienes no alcan­zan a cubrir la cifra fija­da, se remat­en activos de otros con­de­na­dos, entre ellos Nel­son Peri­ot­ti, José López, Mauri­cio Col­lare­da, Raúl Pavesi y Raúl Daruich.

La Fis­calía, a pedi­do de los jue­ces, detal­ló el ori­gen del pat­ri­mo­nio cues­tion­a­do e iden­ti­ficó propiedades adquiri­das entre mayo de 2003 y diciem­bre de 2015.

Las defen­sas de Báez, Kirch­n­er y los demás involu­cra­dos recla­maron que se anule la con­fis­cación. Ale­garon que no existe un vín­cu­lo proba­do entre cada bien y las irreg­u­lar­i­dades inves­ti­gadas, cues­tionaron la fal­ta de evi­den­cia sufi­ciente y advirtieron sobre una supues­ta vio­lación a prin­ci­p­ios con­sti­tu­cionales.

La Fis­calía, a pedi­do de los jue­ces, detal­ló el ori­gen del pat­ri­mo­nio cues­tion­a­do e iden­ti­ficó propiedades adquiri­das entre mayo de 2003 y diciem­bre de 2015.

Las defen­sas de Báez, Kirch­n­er y los demás involu­cra­dos recla­maron que se anule la con­fis­cación. Ale­garon que no existe un vín­cu­lo proba­do entre cada bien y las irreg­u­lar­i­dades inves­ti­gadas, cues­tionaron la fal­ta de evi­den­cia sufi­ciente y advirtieron sobre una supues­ta vio­lación a prin­ci­p­ios con­sti­tu­cionales.

Tam­bién rec­haz­aron que se alcan­cen activos pre­vios al ejer­ci­cio de car­gos públi­cos o propiedades que ya habían sido anal­izadas en otras causas cer­radas con sobre­seimien­tos.

El tri­bunal, sin embar­go, afir­mó que la sen­ten­cia firme demostró que tan­to Báez como la famil­ia Kirch­n­er obtu­vieron ben­efi­cios económi­cos direc­tos e indi­rec­tos medi­ante la adju­di­cación irreg­u­lar de con­tratos viales.

Los bienes decomisa­dos serán reg­istra­dos en la Base Gen­er­al de Datos de Bienes Secuestra­dos y la Corte Supre­ma definirá su des­ti­no con­forme al reglamen­to vigente. El obje­ti­vo cen­tral —indi­caron los jue­ces— es resar­cir el per­juicio oca­sion­a­do a la admin­is­tración públi­ca y a la sociedad.

La res­olu­ción tam­bién deja abier­ta la posi­bil­i­dad de incor­po­rar nuevos bienes al decomiso durante la eta­pa de eje­cu­ción, siem­pre que que­den encuadra­dos en los parámet­ros fija­dos por el tri­bunal.

Fuente: Ámbito