20 de octubre de 2025

Trata sexual de una adolescente de 14 años: detuvieron a un empleado judicial y a una tía de la víctima

Trata sexual de una adolescente de 14 años

La mujer creó un fal­so per­fil de su sob­ri­na en una apli­cación de citas, donde le mod­i­ficó la edad. Además, la oblig­a­ba a man­ten­er rela­ciones sex­u­ales a cam­bio de dinero con el otro imputa­do.

La Fis­calía Nacional en lo Crim­i­nal y Cor­rec­cional Fed­er­al N°12, a car­go de Ale­jan­dra Mángano, llevó ade­lante una inves­ti­gación que derivó en la deten­ción e inda­ga­to­ria de un emplea­do del Poder Judi­cial de la Nación y de una mujer, tía de una ado­les­cente de 14 años. Los acu­san de la explotación sex­u­al de la chi­ca en el mar­co de un caso de tra­ta de per­sonas y facil­itación de pros­ti­tu­ción de una menor.

El pro­ce­so judi­cial fue instru­men­ta­do a par­tir de una denun­cia recibi­da en noviem­bre pasa­do por la Ofic­i­na de Vio­len­cia Domés­ti­ca (OVD), organ­is­mo depen­di­ente de la Corte Supre­ma de la Nación.

En dicha pre­sentación, según Fis­cales, una famil­iar direc­ta de la ado­les­cente expu­so hechos de explotación que involu­cra­ban, por un lado, a una tía que ges­tion­a­ba los ser­vi­cios sex­u­ales de la niña medi­ante apli­ca­ciones de citas y, por el otro, a un hom­bre adul­to que sostenía encuen­tros con la ado­les­cente.

La infor­ma­ción relata­da incluía que el hom­bre se iden­ti­fi­ca­ba ante el entorno de la víc­ti­ma como sec­re­tario de un Juz­ga­do de Menores; sin embar­go, la inves­ti­gación deter­minó que el imputa­do cumple fun­ciones como orde­nan­za den­tro del mis­mo poder judi­cial.

A raíz de la ráp­i­da inter­ven­ción del juz­ga­do, la pesquisa fue del­e­ga­da en la Fis­calía Fed­er­al N°12, quien ejerce tam­bién la coti­t­u­lar­i­dad de la Procu­raduría de Tra­ta y Explotación de Per­sonas (PROTEX).

El enfoque del expe­di­ente se cen­tró sobre la actuación de la tía de la víc­ti­ma, quien habría descar­ga­do y admin­istra­do una apli­cación de citas en el telé­fono de la menor, alteran­do la edad de la chi­ca y consignan­do que tenía 24 años.

De acuer­do a la hipóte­sis fis­cal, la ado­les­cente fue oblig­a­da a inter­ac­tu­ar en esa platafor­ma con un adul­to que se pre­senta­ba como miem­bro del Poder Judi­cial. Medi­ante esos con­tac­tos, se con­cer­taron encuen­tros de carác­ter sex­u­al a cam­bio de dinero, pacta­dos y ges­tion­a­dos por la imputa­da.

La Fis­calía, en respues­ta a la denun­ciante y con la pre­ocu­pación de sal­va­guardar a la víc­ti­ma, imple­men­tó ráp­i­das medi­das de pro­tec­ción y dio inter­ven­ción al Pro­gra­ma Nacional de Rescate y Acom­pañamien­to a las Per­sonas Damnifi­cadas por el Deli­to de Tra­ta de Per­sonas.

La investigación

La menor prestó declaración en Cámara Gesell ante la Direc­ción de Acom­pañamien­to, Ori­entación y Pro­tec­ción a las Víc­ti­mas (DOVIC), órgano depen­di­ente del Min­is­te­rio Públi­co Fis­cal, apor­tan­do detalles cru­ciales para estruc­turar la acusación.

Las primeras medi­das inves­tiga­ti­vas incluyeron allanamien­tos en domi­cil­ios, secuestrán­dose dis­pos­i­tivos elec­tróni­cos rel­e­vantes. El análi­sis de los telé­fonos celu­lares medi­ante el sis­tema UFED de la División Peri­cias Tele­fóni­cas de la Policía Fed­er­al Argenti­na (PFA), jun­to con la colab­o­ración del Depar­ta­men­to Tra­ta de Per­sonas de la fuerza, posi­bil­itó recon­stru­ir los encuen­tros real­iza­dos y reunir prue­bas conc­re­tas sobre la inter­ven­ción de la tía.

La evi­den­cia recolec­ta­da evi­den­ció que la menor fue oblig­a­da a man­ten­er rela­ciones sex­u­ales con un hom­bre a cam­bio de dinero.

Según surge de la inves­ti­gación, la ado­les­cente con­vivió con la tía entre prin­ci­p­ios de octubre y el 21 de noviem­bre de 2024. Durante ese perío­do, la imputa­da fue quien instaló y con­troló el per­fil fal­so de la ado­les­cente, forzán­dola a con­tac­tarse con un hom­bre adul­to. Uno de los encuen­tros entre la menor y el hom­bre se gestó en un alber­gue tran­si­to­rio de la Cap­i­tal Fed­er­al, siem­pre bajo la coor­di­nación de la acu­sa­da.

La fis­calía, uti­lizan­do los datos obtenidos de los telé­fonos y con la inter­ven­ción de la División Indi­vid­u­al­ización Crim­i­nal de la PFA, logró iden­ti­ficar al adul­to involu­cra­do en la secuen­cia, de 55 años y emplea­do como orde­nan­za del Poder Judi­cial.

El avance de la causa desem­bocó en los allanamien­tos real­iza­dos en bar­rios porteños de La Boca y en el Cen­tro de la Ciu­dad de Buenos Aires. Por orden de la jueza María Euge­nia Capuchet­ti, a car­go del Juz­ga­do Crim­i­nal y Cor­rec­cional Fed­er­al N°5, ambas per­sonas quedaron detenidas y a dis­posi­ción judi­cial.

La mag­istra­da los indagó for­mal­mente por los deli­tos tip­i­fi­ca­dos de tra­ta de per­sonas con fines de explotación sex­u­al agrava­da, debido a la minoría de edad de la víc­ti­ma, el vín­cu­lo de par­entesco y el aprovechamien­to de una situación de vul­ner­a­bil­i­dad, así como por pro­mo­ción y facil­itación de la pros­ti­tu­ción de una per­sona menor de edad.

Las deten­ciones fueron conc­re­tadas por agentes del Depar­ta­men­to Tra­ta de Per­sonas de la PFA.

De acuer­do a la pieza fis­cal, la recon­struc­ción tem­po­ral y dig­i­tal de los hechos per­mi­tió detec­tar la creación del per­fil fal­so, la comu­ni­cación entre la menor y el adul­to, y la coor­di­nación de al menos un encuen­tro sex­u­al bajo inter­cam­bio de dinero.

Fuente: Infobae

Related Post