Caos y malestar en 25 de Mayo durante auditorías nacionales de discapacidad: denuncian desorganización, falta de médicos, comprobantes inválidos, agresiones a la prensa y tensión entre Nación, municipios y familias afectadas.
La jornada de auditorías organizadas por el Gobierno nacional en el Alto Uruguay derivó en un fuerte conflicto en la localidad misionera de 25 de Mayo. Testigos denunciaron un episodio de violencia verbal protagonizado por una mujer contratada por Nación, que impidió el ingreso de la prensa al lugar designado, lo que generó indignación entre familiares de personas con discapacidad, periodistas e intendentes de la región.
Según relataron, decenas de vecinos —entre ellos personas con discapacidad y sus familiares— se agolparon en las inmediaciones del predio donde se realizaban las auditorías. Allí, trabajadores enviados desde Buenos Aires habrían bloqueado el paso de los medios de comunicación, lo que desató un tenso enfrentamiento. La situación escaló cuando una de las supervisoras reaccionó con gritos e insultos hacia representantes municipales que intentaban mediar.
Los intendentes del Alto Uruguay, presentes en el lugar, intervinieron para contener la situación y garantizar el diálogo. Entre ellos, el jefe comunal de 25 de Mayo, Omar Wdowin, manifestó públicamente la preocupación de los municipios por el procedimiento de auditorías que lleva adelante Nación.
“Acá estamos con una multitud increíble en 25 de Mayo, por esta auditoría que realmente nos tiene muy preocupados”, señaló en declaraciones radiales.
Wdowin detalló que llegaron al operativo vecinos de Colonia Aurora, Alba Posse y 25 de Mayo, muchos de ellos sin notificaciones claras. Además, indicó que los comprobantes entregados por el personal nacional fueron rechazados por Anses por carecer de validez, lo que obligó a numerosas familias a regresar este martes tras haber asistido sin éxito el día anterior.
Otra de las críticas centrales de los intendentes apunta a la falta de formación del equipo enviado por Nación: “Es una empresa, ninguno es médico. Hay un solo médico que ahora firma algunos comprobantes, pero no tienen validez”, advirtió Wdowin.
La combinación de desorganización, demoras y falta de información derivó en un clima de malestar generalizado. Incluso se registraron agresiones hacia periodistas que intentaban cubrir la jornada, en medio de un operativo que dejó más preguntas que respuestas y puso en tensión la relación entre Nación, los municipios y las familias afectadas.




