Rescataron a dos menores y 10 adultos en condiciones de trata y explotación laboral

Un nue­vo caso de tra­ta de per­sonas con fines de explotación lab­o­ral fue detec­ta­do en la ciu­dad de Añatuya, depar­ta­men­to Gen­er­al Taboa­da, provin­cia de San­ti­a­go del Estero, tras un oper­a­ti­vo de fis­cal­ización en tres establec­imien­tos ded­i­ca­dos a la pro­duc­ción de car­bón veg­e­tal.

La inter­ven­ción fue real­iza­da por agentes de la Direc­ción Region­al Tucumán de la DGI (Direc­ción Gen­er­al Impos­i­ti­va), en con­jun­to con la Sec­re­taría de Tra­ba­jo de la Provin­cia y el RENATRE (Reg­istro Nacional de Tra­ba­jadores Rurales y Empleadores). En el lugar, encon­traron al menos diez tra­ba­jadores, inclu­i­dos dos ado­les­centes de 15 y 16 años, someti­dos a condi­ciones lab­o­rales extremas.

Según el informe ofi­cial, los tra­ba­jadores vivían en carpas impro­visadas, dor­mían sobre pal­lets de madera en con­tac­to direc­to con la tier­ra, sin acce­so a baños, agua potable ni energía eléc­tri­ca.

Tra­ba­ja­ban largas jor­nadas con un solo día de des­can­so cada veinte y recibían suel­dos que oscil­a­ban entre 150.000 y 200.000 pesos men­su­ales. Además, los empleadores les descon­ta­ban el cos­to de la comi­da que se les entre­ga­ba, según relataron las propias víc­ti­mas.

Luego del rel­e­vamien­to y la toma de tes­ti­mo­nios, se radicó una denun­cia penal ante el Juz­ga­do Fed­er­al N.º 1 de San­ti­a­go del Estero, a car­go del juez Guiller­mo Moli­nari, con inter­ven­ción de la Sec­re­taría de Dere­chos Humanos. El caso fue encuadra­do bajo el Pro­to­co­lo Úni­co de Artic­u­lación (PUA) del Comité Ejec­u­ti­vo para la Lucha con­tra la Tra­ta de Per­sonas, depen­di­ente del Min­is­te­rio de Seguri­dad de la Nación.

Des­de la Agen­cia de Recau­dación y Con­trol Adu­anero (ARCA) recor­daron que exis­ten canales de denun­cia anón­i­mos disponibles durante las 24 horas, todos los días del año, para repor­tar casos de tra­ta de per­sonas, explotación infan­til y condi­ciones de servidum­bre.