Instituciones que brindan servicios a personas con discapacidad anunciaron un cese de actividades ante la falta de pagos de prestaciones por parte de organismos nacionales. La medida impactará en centros terapéuticos, escuelas y transportistas en distintos puntos del país.
Prestadores del sector de discapacidad convocaron a un cese de actividades para el viernes 13, miércoles 18 y jueves 19 de marzo en reclamo por la falta de pagos de prestaciones financiadas por organismos nacionales.
La protesta afectará el funcionamiento de escuelas especiales, centros de día, centros terapéuticos y servicios de transporte, que durante esas jornadas no brindarán atención.
Sebastián Calderón, director del Centro de Día CENEMI, señaló que los pagos se encuentran demorados desde hace meses. Según explicó, algunas prestaciones no se abonan desde noviembre, lo que genera serias dificultades para sostener la actividad.
Desde el Consejo de Discapacidad Misiones indicaron que el problema se relaciona con demoras en la actualización de aranceles y en la aplicación de la ley de emergencia en discapacidad.
Puntos Clave
- Habrá cese de actividades el 13, 18 y 19 de marzo.
- Se verán afectados centros de día, escuelas especiales y transportes.
- Instituciones denuncian pagos adeudados desde octubre o noviembre.
- El reclamo apunta a PAMI, Incluir Salud y pensiones no contributivas.
- Advierten riesgo en la continuidad de servicios para personas con discapacidad.
Un sistema en crisis por la falta de financiamiento
La situación fue expuesta en una conferencia realizada en la Ciudad de Buenos Aires, donde instituciones, familiares y activistas explicaron el impacto de las demoras en los pagos.
Adriana Salomone, representante de la Asociación de Padres DINAD, comparó el sistema con un tren en movimiento. Señaló que el Estado y las obras sociales son quienes deben sostener el financiamiento para que todo el sistema funcione.
Según explicó, muchas instituciones dependen casi totalmente de esos fondos para cubrir salarios, insumos, alimentación y servicios básicos. En algunos casos, PAMI representa hasta el 50% de la facturación y Incluir Salud otro 30%.
Pablo Molero, coordinador del Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, advirtió que sin ingresos las instituciones no pueden sostener su funcionamiento.
Las organizaciones reclaman al Gobierno nacional el pago urgente de las prestaciones adeudadas, ya que la continuidad de estos servicios resulta clave para miles de personas con discapacidad en todo el país.
Con información de El Territorio




