La causa por presunta violencia digital contra una adolescente en Puerto Iguazú sumó un avance clave: detuvieron a un joven de 21 años y secuestraron dispositivos que ahora serán peritados. La Justicia también activó medidas para frenar la posible circulación del material en redes.
La investigación por presunta violencia digital contra una adolescente de 16 años en Puerto Iguazú tuvo un nuevo avance judicial con la detención de un joven de 21 años.
El procedimiento fue ordenado tras una denuncia radicada en la Comisaría de la Mujer, presentada por la madre de la menor, quien aportó capturas de pantalla como prueba.
Según consta en la causa, el acusado habría grabado videos íntimos sin consentimiento durante una relación que, de acuerdo a la denuncia, se habría extendido por unos nueve meses.
Siempre según la presentación judicial, ese material habría sido utilizado luego como mecanismo de presión para obligarla a mantener encuentros, bajo amenazas de difusión.
El hecho que aceleró la intervención ocurrió cuando el sospechoso, al ver a la adolescente acompañada por un familiar y creer que se trataba de una nueva relación, habría enviado por WhatsApp uno de los archivos a una allegada de la familia.
Esa mujer alertó a la madre de la joven, quien formalizó la denuncia y entregó elementos que quedaron incorporados al expediente.
A partir de esa presentación, el juzgado interviniente ordenó un allanamiento en el domicilio del implicado.
Durante el operativo, efectivos policiales concretaron la detención y secuestraron teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos, que ahora serán sometidos a pericias específicas.
La Justicia busca frenar la difusión del material y preservar la evidencia digital
En paralelo al allanamiento, se libraron oficios a META para preservar las comunicaciones vinculadas al caso y avanzar con medidas destinadas a evitar una eventual viralización del contenido.
Según se informó, se solicitó además la eliminación del material mediante técnicas de identificación digital por “hash”, un sistema que permite individualizar archivos y bloquear su posible republicación en plataformas.
La investigación también incorpora antecedentes previos: el 2 de enero de 2026 ya se había radicado una denuncia por violencia familiar, que derivó en una prohibición de acercamiento dispuesta por el Juzgado de Familia.
Esa medida, según el expediente, habría sido vulnerada, lo que podría configurar un caso de desobediencia judicial.
De manera provisoria, la causa fue encuadrada en el artículo 128 del Código Penal, que sanciona la producción, distribución o difusión de representaciones de abuso sexual infantil, en función de que el imputado es mayor de edad y la víctima menor de 18 años.
Además, el expediente se encuentra alcanzado por la Ley Olimpia (Ley 27.736), normativa que incorporó la violencia digital como modalidad específica dentro de la Ley 26.485 de protección integral contra la violencia hacia las mujeres.
Esta legislación contempla, entre otras conductas, la obtención, reproducción o difusión no consentida de material íntimo, así como amenazas, hostigamiento, extorsión o control mediante tecnologías.
También prevé el resguardo urgente de evidencia digital, la preservación de datos informáticos y la remoción de contenidos en plataformas para evitar su circulación y reducir el impacto sobre la víctima.
En este caso, las medidas ya ordenadas buscan justamente preservar pruebas, rastrear el material y bloquear su posible difusión online mientras avanza la investigación.
Puntos Clave
- La causa por violencia digital en Puerto Iguazú sumó un nuevo avance judicial
- Fue detenido un joven de 21 años
- La denuncia fue radicada por la madre de una adolescente de 16 años
- La presentación se hizo en la Comisaría de la Mujer
- El acusado habría grabado videos íntimos sin consentimiento, según la denuncia
- Ese material habría sido usado como mecanismo de presión y amenaza
- El hecho que activó la intervención fue el presunto envío de un video por WhatsApp
- La Justicia ordenó un allanamiento en el domicilio del implicado
- Se secuestraron celulares y otros dispositivos electrónicos
- Los equipos serán sometidos a pericias digitales
- Se libraron oficios a META para preservar comunicaciones y pedir remoción del contenido
- Se aplicarán técnicas de identificación por hash para bloquear la circulación del material
- El expediente también investiga una posible desobediencia judicial
- La causa fue encuadrada provisoriamente en el artículo 128 del Código Penal
- También se analiza bajo el marco de la Ley Olimpia (Ley 27.736)





