La Jefatura de Policía de Misiones separó preventivamente al sargento que custodiaba al intendente de San Ignacio, tras ser vinculado con la investigación por la presunta captación y abuso de una joven.
La Jefatura de Policía de Misiones dispuso pasar a disponibilidad al sargento Carlos D., custodio del intendente de San Ignacio, luego de que su nombre surgiera en el marco de una investigación por la presunta captación y explotación sexual de una joven de 18 años en un complejo de cabañas de esa localidad. La medida administrativa fue adoptada en las últimas horas, en paralelo al avance del expediente judicial.
La causa es instruida por la Fiscalía del Juzgado de Instrucción N°2 de Jardín América, a cargo del fiscal Jorge Fernández, quien aguarda los resultados de diversas pericias y el análisis de las actuaciones labradas tras el operativo realizado el domingo 26 de octubre. Una vez evaluado ese material, la Fiscalía definirá si formula un requerimiento de instrucción por presunto abuso sexual o si deriva el expediente al fuero federal, en caso de que se considere configurada la hipótesis de trata de personas.
Durante el procedimiento que permitió asistir a la víctima, fueron demorados tres hombres, entre ellos el funcionario policial ahora desafectado preventivamente. Sin embargo, los involucrados permanecen en libertad, ya que hasta el momento no se reunieron elementos procesales suficientes para solicitar sus detenciones.
El caso tomó relevancia pública luego de que la Fundación Alameda, presidida por Gustavo Vera, presentara una denuncia ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). En el escrito se detalla la presunta captación de la joven, las amenazas hacia su familia, el traslado forzado y un abuso sexual ocurrido en el complejo “La Familia”, en San Ignacio. Además, se menciona la posible intervención de efectivos policiales y allegados a la administración municipal.
Según la denuncia, el padre de la víctima, también sargento primero de la Policía de Misiones, tomó conocimiento de la situación tras un intercambio de mensajes con su hija, quien le informó que había sido trasladada desde Loreto hacia San Ignacio. A partir de ese aviso, se activó el operativo policial que permitió rescatar a la joven y ubicar a los sospechosos, entre ellos el efectivo ahora puesto en disponibilidad.
La víctima fue luego examinada por un médico legista en Puerto Rico, quien constató signos compatibles con abuso sexual. En una entrevista televisiva, la joven relató que habría sido drogada y agredida por varias personas, y aseguró haber recibido amenazas que involucraban a su hermana menor.
La denuncia presentada ante PROTEX solicita la investigación de posibles delitos previstos en los artículos 140, 145 bis y 145 ter del Código Penal, relacionados con reducción a servidumbre y trata con fines de explotación. La organización adjuntó registros de mensajes, copia de la denuncia inicial radicada en la Comisaría de la Mujer y contactos familiares para futuras medidas.
Por estas horas, las actuaciones se mantienen bajo reserva judicial, mientras que la disponibilidad del sargento continuará vigente hasta que se determine la competencia del fuero y el curso de la investigación.
