Milei vetó los aumentos a jubilados, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad

El pres­i­dente ofi­cial­izó este lunes el veto total a las leyes aprobadas por el Con­gre­so. Argu­men­ta que su imple­mentación com­pro­m­e­tería el equi­lib­rio fis­cal. El ofi­cial­is­mo bus­ca blindar la decisión en el Con­gre­so y ya nego­cia con gob­er­nadores ali­a­dos.

En una decisión que rea­v­i­va la ten­sión con parte del Con­gre­so y sec­tores sociales, el pres­i­dente Javier Milei ofi­cial­izó este lunes el veto com­ple­to a tres leyes clave: el aumen­to a jubi­la­dos, la mora­to­ria pre­vi­sion­al y la declaración de emer­gen­cia en dis­capaci­dad. La medi­da fue for­mal­iza­da a través del Decre­to 534/2025, pub­li­ca­do en el Boletín Ofi­cial durante la madru­ga­da.

El Gob­ier­no argu­men­tó que las leyes vetadas rep­re­senta­ban un gas­to adi­cional de más de 7 bil­lones de pesos para 2025 y cer­ca de 17 bil­lones para 2026, sin fuentes de finan­ciamien­to ni cál­cu­los actu­ar­i­ales que jus­ti­ficaran su via­bil­i­dad. Según el tex­to, su imple­mentación “pone en ries­go el equi­lib­rio fis­cal, com­pro­m­ete las metas económi­cas y ame­naza la esta­bil­i­dad del sis­tema pre­vi­sion­al”.

Con este veto, quedó sin efec­to el aumen­to del 7,2% en los haberes y pen­siones, así como el incre­men­to del bono pre­vi­sion­al de $70.000 a $110.000, que iba a actu­alizarse por inflación. Tam­bién se fre­na la apli­cación de la mora­to­ria pre­vi­sion­al y se anu­la la declaración de emer­gen­cia en dis­capaci­dad que con­tem­pla­ba un refuer­zo en las pen­siones no con­tribu­ti­vas y la com­pat­i­bil­i­dad con empleos for­males de bajos ingre­sos.

El proyec­to sobre dis­capaci­dad, impul­sa­do por el diputa­do Daniel Arroyo, establecía ben­efi­cios para per­sonas con invalidez has­ta diciem­bre de 2027, incluyen­do pen­siones equiv­a­lentes al 70% del haber mín­i­mo y otras medi­das de inclusión.

La Casa Rosa­da sostiene que vetar las leyes no con­va­l­i­da su legal­i­dad y advir­tió que, en caso de que el Con­gre­so rechace los vetos, recur­rirá a la Jus­ti­cia. Según fuentes del Ejec­u­ti­vo, la sesión del Sena­do que aprobó las nor­mas “fue invál­i­da”, y por eso no descar­tan judi­cializar el con­flic­to.

En para­le­lo, el ofi­cial­is­mo ya tra­ba­ja para ase­gu­rar el respal­do par­la­men­tario nece­sario y evi­tar que el Con­gre­so revier­ta la decisión pres­i­den­cial. Para que el veto quede firme, La Lib­er­tad Avan­za nece­si­ta reunir dos ter­cios de al menos una de las cámaras.

Con 39 diputa­dos pro­pios, el bloque ofi­cial­ista da por hecho que podrá blindar el veto en Diputa­dos, su cámara de ori­gen. En ese mar­co, cin­co diputa­dos rad­i­cales —Luis Picat, Pablo Cervi, Fed­eri­co Tournier, Fran­cis­co Mon­ti y Mar­i­ano Campero— se sumaron recien­te­mente a La Lib­er­tad Avan­za, for­t­ale­cien­do su ban­ca­da.

Además, la Casa Rosa­da mantiene nego­cia­ciones acti­vas con gob­er­nadores y blo­ques provin­ciales ali­a­dos. El PRO, lid­er­a­do por Cris­t­ian Riton­do, cuyos 35 diputa­dos respal­daron los vetos de 2024, es clave, aunque no todos sus miem­bros ase­gu­ran su apoyo en esta ocasión, espe­cial­mente los cer­canos a Hora­cio Rodríguez Lar­reta.

Otro grupo que puede incli­nar la bal­an­za es Inno­vación Fed­er­al, inte­gra­do por leg­is­ladores cer­canos a los gob­er­nadores de Salta, Misiones y Río Negro. Si bien algunos votaron a favor de los proyec­tos veta­dos o estu­vieron ausentes, el Gob­ier­no apues­ta a que las con­ver­sa­ciones con las provin­cias puedan reen­cauzar esos votos.

En Tucumán, los tres diputa­dos del bloque Inde­pen­den­cia, que respon­den al gob­er­nador Osval­do Jal­do, tam­bién habían acom­paña­do el aumen­to a jubi­la­dos. Sin embar­go, des­de el ofi­cial­is­mo recuer­dan que ya en oca­siones ante­ri­ores algunos de estos leg­is­ladores se abstu­vieron o no asistieron, facil­i­tan­do la aprobación de los vetos.

La estrate­gia par­la­men­taria se artic­u­la además con la reac­ti­vación de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y acuer­dos elec­torales ter­ri­to­ri­ales. En varias provin­cias, La Lib­er­tad Avan­za y el PRO sel­l­aron alian­zas de cara a las elec­ciones de octubre, lo que podría tra­ducirse en respal­do leg­isla­ti­vo.

Mien­tras tan­to, des­de el Gob­ier­no insis­ten en que el obje­ti­vo es lle­gar a los comi­cios sin com­pro­m­e­ter las metas fis­cales. “No vamos a pon­er en ries­go el equi­lib­rio macro­económi­co por medi­das demagóg­i­cas”, repiten en Casa Rosa­da.

Fuente: Misiones Online