La jueza Carmen Carbone resolvió que la suspensión fue arbitraria y vulneró derechos básicos. El fallo sienta un precedente clave para otros casos similares en la provincia.
Mediante una sentencia dictada el pasado 5 de septiembre, la jueza civil y comercial de Posadas, Carmen Helena Carbone, ordenó al Estado Nacional y a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) restituir las pensiones por discapacidad a cuatro beneficiarios de Misiones. La notificación fue recibida este 17 de septiembre por los demandantes, oriundos de Garupá, Apóstoles, Candelaria y San José.
Los beneficiarios Emilio Mauro (Apóstoles), Wilson Toniolo (Candelaria), Marcos Javier Pereira Duarte (Garupá) y Claudia Belén Romero (San José) promovieron una acción de amparo con el patrocinio del abogado Luis Oudin y la asistencia del Consejo Provincial de Discapacidad, luego de que sus pensiones fueran suspendidas sin previo aviso ni resolución administrativa fundada.
La jueza Carbone consideró que la interrupción de los pagos constituyó “un acto arbitrario y violatorio de garantías constitucionales básicas como el derecho de defensa, la seguridad social y la tutela judicial efectiva”. El fallo ordena la restitución inmediata de los haberes en un plazo de 48 horas, prohíbe nuevas suspensiones mientras dure el proceso y establece multas en caso de incumplimiento.
Carbone argumentó que su intervención se justifica por tratarse de personas en situación de vulnerabilidad, cuya salud y vida digna dependen de este beneficio. Citó la ley 26.854, que permite la aplicación de medidas cautelares urgentes para evitar daños irreparables en derechos de naturaleza alimentaria o sanitaria.
Repercusiones y alcance del fallo
En una conferencia de prensa, el vicegobernador de Misiones, Lucas Romero Spinelli, celebró la resolución judicial y destacó que el Gobierno Nacional cuenta con 48 horas para cumplir con la medida. “Es un paso importante en defensa de los derechos de las personas que más lo necesitan. Después de meses de gestiones sin respuesta, logramos este fallo que marca un precedente para casos similares”, sostuvo.
El funcionario estuvo acompañado por la presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad, Tatiana Antúnez, y el abogado Oudin. “Estas pensiones son fundamentales para la compra de medicamentos y para mejorar la calidad de vida de los beneficiarios”, remarcó Romero Spinelli.
Por su parte, Antúnez subrayó que la provincia continuará recibiendo consultas y acompañando a las familias afectadas. “Para nosotros es un procedimiento administrativo, pero para las familias es su comida y sus remedios. Queremos garantizar que todos los misioneros en esta situación puedan acceder a una solución”, expresó.




