Declararon testigos clave y se ordenó un careo ante las contradicciones entre una médica y un cacique sobre lo ocurrido tras la muerte de la joven. “Soy inocente”, afirmó el imputado tras sentarse en el banquillo.
Este miércoles comenzó en el Tribunal Penal Uno de Oberá el juicio oral y público contra Marcelo Núñez, cacique de la comunidad mbya guaraní Tarumá Poty de San Vicente, acusado del homicidio agravado de su pareja, María Solange Diniz Rabela, en un hecho ocurrido en abril de 2020, durante el período más estricto del aislamiento por la pandemia de COVID-19.
Núñez enfrenta cargos por homicidio doblemente agravado, por el vínculo y por mediar violencia de género, delito que prevé la pena de prisión perpetua. El proceso se desarrolla cinco años después de la muerte de la joven de 22 años, cuyo cuerpo fue hallado mutilado, parcialmente calcinado y semi enterrado en las inmediaciones de su vivienda en la comunidad. El imputado estuvo presente en la sala, asistido por su defensa técnica y un intérprete de lengua guaraní.
Durante la primera jornada del debate oral, declararon testigos fundamentales. Leonardo Benítez, padrastro de la víctima, afirmó que fue Núñez quien le comunicó que su hijastra había fallecido y que su cuerpo iba a ser quemado. “Fue Marcelo Núñez”, sostuvo ante los jueces, y agregó que el imputado justificó la quema del cadáver diciendo que la joven tenía COVID-19.
Según Benítez, Núñez habría intentado conseguir una motosierra para cortar madera y hacer fuego, pero al no obtenerla utilizó un colchón. “Ella fue asesinada, fue un delito, no el covid”, remarcó el testigo, quien también declaró que hacía cinco meses no podían comunicarse con la joven y que en ese tiempo ella habría intentado escapar dos veces sin éxito.
El testigo también relató un episodio de violencia previo al hecho. Dijo que vivía a unos 200 metros de la casa donde ocurrieron los hechos y que en una oportunidad la víctima llegó a la casa de su abuela con un dedo cortado, mientras Núñez la seguía con un machete. “Los gritos se escuchaban todas las noches”, declaró, y agregó que el cacique se ponía agresivo cuando consumía alcohol y que los integrantes de la comunidad “le tenían mucho respeto porque era cacique”.
La médica Adriana Ferreira Díaz, quien presta servicios en comunidades originarias de San Vicente, declaró que fue contactada por Núñez el domingo de Pascuas del año 2020, día en que ocurrió el hecho. Negó rotundamente haberle indicado que debía quemar el cuerpo. “Siempre le dije que protegiera el cuerpo hasta que llegara la policía”, manifestó. Su testimonio contrastó con el del cacique Pablo Zayas, de una comunidad vecina, quien sostuvo que la doctora le dijo a Núñez que cremara el cadáver. “Marcelo es inocente, no hizo lo que dicen. Ella falleció de una enfermedad”, dijo Zayas, quien además cuestionó el accionar de la profesional de la salud y de la policía.
Zayas aseguró que, según una conversación que mantuvo con Ferreira Díaz, ella le habría indicado al acusado que debía quemar el cuerpo por haber muerto de COVID-19. También planteó que, conforme a prácticas ancestrales, algunas comunidades guaraníes incineran a sus muertos para evitar “asombros”. Sin embargo, remarcó que esa costumbre varía según la causa del fallecimiento.
A raíz de estas declaraciones contradictorias, el tribunal —integrado por los jueces Francisco Aguirre, Horacio Paniagua y Julio Carvallo (subrogante)— ordenó un careo entre Ferreira Díaz y Zayas. En esa instancia, ambos ratificaron sus versiones sin llegar a una coincidencia.

En el cierre de la audiencia, el propio Marcelo Núñez declaró ante el tribunal. “Ella tenía muchos problemas de salud, era discapacitada. Yo nunca le alcé la mano, la amo mucho”, manifestó. Al ser consultado por qué estaba en el banquillo de los acusados, respondió: “No sé por qué estoy acá, yo soy inocente”. Negó haber ejercido violencia y aseguró que siempre estuvo atento a las necesidades de su pareja. También dijo que intentó comunicarse varias veces con la doctora Ferreira Díaz, pero que no obtuvo respuesta y que recién acudió a la comunidad tres días después del hecho.
El juicio continuará este jueves desde las 8:30 con la declaración de profesionales convocados por el tribunal con el objetivo de aportar claridad sobre lo ocurrido. La acusación está a cargo del fiscal David Milicich, mientras que la defensa técnica del imputado la ejerce el abogado Jorge Zabulanez.
Fuente: Misiones Online




