Investigan a un geriátrico por presunta explotación laboral y maltrato a residentes

Un oper­a­ti­vo lle­va­do a cabo este martes en un ger­iátri­co de Posadas, orde­na­do por el juez de Instruc­ción 2, Juan Manuel Monte, des­en­ca­denó una serie de allanamien­tos tan­to en el establec­imien­to como en la vivien­da de la propi­etaria, Nor­ma A. R. La inter­ven­ción poli­cial, jun­to con per­son­al de la Gen­darmería Nacional y autori­dades judi­ciales, fue moti­va­da por denun­cias de explotación lab­o­ral y mal­tra­to hacia los res­i­dentes del cen­tro de aten­ción, pre­sen­tadas por dos tra­ba­jado­ras.

Las denun­cias de las tra­ba­jado­ras

Las denun­cias provienen de Yese­nia M. y Dar­lyn M., dos her­manas de la local­i­dad de Lean­dro N. Alem, quienes fueron con­tratadas en enero de este año bajo la prome­sa de un salario de 400.000 pesos y condi­ciones lab­o­rales for­males. Sin embar­go, al lle­gar al ger­iátri­co, ambas señalaron que las condi­ciones eran muy difer­entes a lo prometi­do. Las tra­ba­jado­ras ale­garon que se les oblig­a­ba a cumplir jor­nadas lab­o­rales exce­si­vas, no solo en el ger­iátri­co, sino tam­bién en domi­cil­ios par­tic­u­lares, sin des­can­so ade­cua­do ni ali­mentación.

Expul­sión y reac­ciones vio­len­tas

En su tes­ti­mo­nio ante la policía, Yese­nia y Dar­lyn detal­laron que, el 27 de febrero, después de exi­gir expli­ca­ciones sobre su situación lab­o­ral, fueron expul­sadas del lugar por la propi­etaria, quien reac­cionó de man­era vio­len­ta. Pos­te­ri­or­mente, las tra­ba­jado­ras aban­donaron el empleo, temien­do ser cóm­plices de los hechos denun­ci­a­dos, y se refu­gia­ron en la casa de un cono­ci­do.

Inves­ti­gación y hal­laz­gos en el ger­iátri­co

De acuer­do con fuentes del Juz­ga­do, durante el oper­a­ti­vo se con­stató que el ger­iátri­co no con­ta­ba con la habil­itación cor­re­spon­di­ente. Además, se reci­bieron denun­cias sobre la explotación lab­o­ral de los emplea­d­os, la escasa ali­mentación que se pro­por­ciona­ba y el tra­to defi­ciente hacia los adul­tos may­ores res­i­dentes en el establec­imien­to. Aunque las denun­cias tam­bién men­ciona­ban la posi­bil­i­dad de explotación sex­u­al, este aspec­to aún está sien­do inves­ti­ga­do.

En el momen­to del allanamien­to, en el ger­iátri­co se encon­tra­ban dos adul­tos may­ores y un joven con difi­cul­tades motri­ces y psi­cológ­i­cas. Afor­tu­nada­mente, todos se encon­tra­ban en buen esta­do de salud y no expre­saron que­jas sobre el tra­to recibido. No obstante, las autori­dades no pudieron con­fir­mar has­ta el momen­to la exis­ten­cia de deli­tos penales en el lugar.

Inves­ti­gación en cur­so

A pesar de que no se com­pro­baron deli­tos penales, la inves­ti­gación con­tinúa. Se están real­izan­do peri­cias en los telé­fonos celu­lares de las denun­ciantes para avan­zar en el caso. Además, el caso fue deriva­do a diver­sas enti­dades, entre ellas el Min­is­te­rio de Tra­ba­jo, el Min­is­te­rio de Desar­rol­lo Social, el Min­is­te­rio de Salud, la Comisión de Bue­nas Prác­ti­cas en Con­tex­to de Encier­ro y la Munic­i­pal­i­dad, para que inter­ven­gan en áreas clave como geron­tología, habil­itación y situación lab­o­ral en el establec­imien­to.