El resultado de las elecciones legislativas del domingo en Misiones dejó un dato inesperado y sin antecedentes a nivel nacional: Ramón Amarilla, candidato del Frente por la Vida y los Valores, actualmente detenido en una causa por supuesta sedición, obtuvo el tercer lugar en la provincia, alcanzando cerca del 20% de los votos. La situación abre una serie de interrogantes jurídicos y políticos sobre su futuro y el de la representación legislativa en la provincia.
Amarilla se encuentra detenido desde mayo junto a otros siete ex policías, en el marco de la causa por las protestas policiales que derivaron en enfrentamientos con fuerzas federales en Posadas. Pese a esta condición, realizó su campaña desde el penal y logró imponerse a estructuras tradicionales como la UCR y el PRO. En algunas localidades, como Posadas, su partido incluso obtuvo el primer lugar en la categoría de diputados provinciales.
Pedido de excarcelación en marcha
Lucas Vega, abogado del Frente por la Vida y los Valores, explicó que ya están preparando una presentación judicial para solicitar la excarcelación de Amarilla. “Al ser diputado electo, Ramón Amarilla adquiere los fueros parlamentarios. Por lo cual, en las próximas horas vamos a solicitar que se le permita estar en libertad, de modo tal que ya el 10 de diciembre pueda asumir la banca”, señaló.
Vega argumentó que los fueros parlamentarios deberían aplicarse desde el momento de la elección, sin necesidad de esperar a la jura: “Nuestra lectura es que ya le corresponden los fueros. Al tratarse de una detención por una causa menor y sin sentencia firme, debería obtener la libertad automáticamente”.
Un caso sin precedentes
La situación plantea un desafío para el sistema judicial y político misionero. Según el letrado, existen dos escenarios posibles: que el juzgado acepte el pedido de excarcelación y Amarilla recupere la libertad en los próximos días, o que la decisión se dilate hasta la fecha de asunción, el 10 de diciembre.
“Ya hubo intentos de no dejarlo competir y tachaduras masivas de votos. Ahora estamos ante una tercera batalla jurídica”, denunció Vega, quien recordó que la candidatura de Amarilla fue objetada en distintos tramos del proceso electoral.
“Estamos dejando jurisprudencia ante una situación novedosa para la provincia y para el país. No conocemos antecedentes de una persona privada de su libertad que haga campaña desde un penal y sea electa”, concluyó.
El impacto del caso Amarilla trasciende lo estrictamente electoral y promete abrir un debate profundo sobre el alcance de los derechos políticos, los límites del s
Con información de El Territorio
