El imputado, acusado de suministrar drogas y someter a adolescentes a explotación sexual, firmó un juicio abreviado que incluye restricción de acercamiento de por vida y reparación económica a las víctimas.
Fernando Ariel Skuarek, de 41 años, evitó el inicio del juicio oral previsto para este miércoles en Posadas al aceptar un acuerdo de juicio abreviado que lo condena a nueve años de prisión. Además, el convenio contempla la prohibición de contacto de por vida con las víctimas y el pago de una reparación económica.

La decisión fue rubricada el martes junto a la fiscalía, la defensa y los representantes de las denunciantes, interrumpiendo el debate que debía desarrollarse en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas con la declaración de 47 testigos en diez audiencias. El acuerdo deberá ser revisado y homologado por los magistrados para transformarse en sentencia.
La causa se originó en diciembre de 2017, cuando los padres de una joven de 17 años denunciaron que su hija había sido privada de la libertad y forzada a consumir drogas. Poco después, otra adolescente presentó una denuncia similar. Ambas relataron que Skuarek les suministraba cocaína, éxtasis, ketamina y alcohol en departamentos del microcentro posadeño, sometiéndolas a situaciones de abuso y explotación sexual.
La investigación fue llevada adelante por la Justicia Federal debido a la gravedad de los delitos, que involucraban suministro de estupefacientes y trata de personas. En 2018, el juez José Luis Casals procesó a Skuarek por “suministro de drogas, abuso sexual y reducción a la servidumbre” y ordenó su prisión preventiva.
Tras varias apelaciones, en mayo de 2023 se dispuso su detención, que inicialmente cumplió en prisión domiciliaria. Luego fue trasladado a una clínica psiquiátrica donde continúa alojado. Con la homologación del acuerdo, se definirá si seguirá en el establecimiento de salud o será trasladado a una unidad penitenciaria de Misiones.
Como parte del convenio, el ADN de Skuarek ingresará al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación.




