El Gobierno modificó la ley de Migraciones: habilita cobro en salud y universidades, restringe ciudadanía y endurece deportaciones

El Gob­ier­no de Javier Milei ofi­cial­izó el 28 de mayo de 2025 una refor­ma migra­to­ria medi­ante el Decre­to 366/2025, pub­li­ca­do en el Boletín Ofi­cial. Esta medi­da intro­duce cam­bios sig­ni­fica­tivos en la Ley de Migra­ciones N° 25.871, con el obje­ti­vo de endure­cer los cri­te­rios para la res­i­den­cia de extran­jeros y facil­i­tar los pro­ce­sos de deportación para aque­l­los que cometan deli­tos en el país.

Prin­ci­pales mod­i­fi­ca­ciones del decre­to:

• Acce­so a ser­vi­cios públi­cos: Se establece que los extran­jeros res­i­dentes per­ma­nentes podrán acced­er al sis­tema de salud públi­co en igual­dad de condi­ciones que los ciu­dadanos argenti­nos. Sin embar­go, en los establec­imien­tos de salud admin­istra­dos por el Esta­do Nacional, solo se brindará aten­ción médi­ca habit­u­al con­tra la pre­sentación de un seguro de salud o la pre­via can­celación del ser­vi­cio, según lo deter­mine el Min­is­te­rio de Salud.
• Edu­cación: Los extran­jeros res­i­dentes per­ma­nentes podrán acced­er a la edu­cación públi­ca en igual­dad de condi­ciones que los ciu­dadanos argenti­nos. Además, se reafir­ma que los estu­dios de gra­do en uni­ver­si­dades de gestión estatal serán gra­tu­itos para todos los ciu­dadanos argenti­nos y para los extran­jeros con res­i­den­cia per­ma­nente en el país.
• Declaración jura­da al ingre­sar al país: Se requiere que los extran­jeros pre­sen­ten una declaración jura­da al ingre­sar al país, man­i­fe­s­tando los motivos de su entra­da y com­pro­metién­dose a no desvir­tu­ar­los.
• Con­trol de doc­u­mentación: Se refuerza el con­trol sobre la doc­u­mentación pre­sen­ta­da por los inmi­grantes, exigien­do que sea autén­ti­ca y ver­az.
• Condi­ciones para la per­ma­nen­cia y nat­u­ral­ización
  • Res­i­den­cia per­ma­nente: Los extran­jeros que deseen obten­er la res­i­den­cia per­ma­nente deberán cumplir con req­ui­si­tos más estric­tos, incluyen­do la demostración de medios de vida líc­i­tos y la ausen­cia de antecedentes penales.
  • Nat­u­ral­ización: Los extran­jeros may­ores de 18 años que hayan resi­di­do en el país por un mín­i­mo de dos años con­sec­u­tivos podrán solic­i­tar la nat­u­ral­ización. Además, aque­l­los que hayan real­iza­do inver­siones sig­ni­fica­ti­vas en el país podrán acced­er a este pro­ce­so sin necesi­dad de cumplir con el req­ui­si­to de tiem­po de res­i­den­cia.

Estas refor­mas han gen­er­a­do con­tro­ver­sia. Orga­ni­za­ciones de dere­chos humanos han expre­sa­do su pre­ocu­pación, argu­men­tan­do que las nuevas medi­das podrían restringir los dere­chos de los inmi­grantes y afec­tar su acce­so a ser­vi­cios bási­cos. Por otro lado, el Gob­ier­no sostiene que estas medi­das son nece­sarias para garan­ti­zar la seguri­dad y el orden públi­co en el país.