Un abogado presentó una denuncia penal tras detectar que un pago exigido por personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero habría sido depositado en una cuenta particular y no en las arcas oficiales.
Un abogado identificado como Jeremías Rodríguez denunció penalmente a tres agentes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por presuntas irregularidades en el cobro de tributos aduaneros en el Puente Internacional “Tancredo Neves”, que une Puerto Iguazú (Argentina) con Foz do Iguaçu (Brasil).
Según relató Rodríguez, el hecho ocurrió el 9 de octubre, cuando regresaba de Paraguay y fue demorado por personal de aduana. “Mostré lo que había comprado, entre eso un dron. Me indicaron que debía pagar el tributo correspondiente, pero el monto me pareció elevado. Aun así, aboné con tarjeta de débito porque quería regularizar la situación”, explicó.

El abogado señaló que el importe abonado fue de $745.745, y que posteriormente descubrió que el pago no se había acreditado como tributo oficial, sino como una compra a una cuenta particular. “Cuando revisé el homebanking, vi que el dinero no fue a ARCA, sino a un usuario vinculado al paso fronterizo. Ahí decidí hacer la denuncia penal, porque eran funcionarios públicos cometiendo un delito”, sostuvo.
Rodríguez identificó a los agentes presuntamente involucrados como Matías Moyano, Orlando Vera y Walter Tambone. Según su versión, Moyano y Tambone se encargaban de revisar los bolsos y trasladar la camioneta, mientras que Vera sería quien recibía los pagos mediante posnet, sin emitir los Volantes de Pago Electrónico (VEP) ni las facturas oficiales correspondientes.
“Ellos hacen todo para que creas que estás pagando un tributo a ARCA, pero la plata va a cuentas de ellos”, afirmó el denunciante, quien aseguró haber presentado ante Gendarmería Nacional – Escuadrón 13 ‘Iguazú’ los comprobantes bancarios y las notas de entrega como respaldo de su denuncia.
La Fiscalía Federal de Puerto Iguazú ya inició una investigación para determinar la veracidad de los hechos y la posible responsabilidad penal de los funcionarios involucrados.
Con información de Misiones Online