La medida fue dispuesta por el Juzgado de Instrucción de Puerto Rico tras la ratificación de la denuncia presentada por una empleada del Concejo Deliberante. También se dictó una restricción de acercamiento.
Misiones Online. La Justicia de Misiones dispuso allanamientos en la Municipalidad de Caraguatay, en el domicilio particular del intendente Mario Darío Peyer y en un vehículo oficial utilizado por el jefe comunal, en el marco de una causa iniciada por una denuncia por presuntos delitos contra la integridad sexual presentada por una trabajadora del Concejo Deliberante.
La medida fue ordenada por el juez de Instrucción de Puerto Rico, Leonardo Manuel Balanda Gómez, luego de que la denunciante ratificara su acusación ante el juzgado y ampliara su declaración sobre los hechos que atribuye al funcionario.
Según lo dispuesto en el expediente, los procedimientos judiciales apuntan a reunir elementos de prueba vinculados a la investigación. Entre las medidas previstas figuran el secuestro de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos, el registro de oficinas del edificio municipal —incluido el despacho del intendente— y la requisa de una camioneta oficial utilizada por Peyer.
La causa se inició tras la denuncia presentada el 25 de febrero ante la Fiscalía de Instrucción de Puerto Rico por una mujer de 31 años que trabaja en el ámbito del Concejo Deliberante de esa localidad.
De acuerdo con su presentación, los hechos habrían comenzado con situaciones de acoso a mediados de 2025. Uno de los episodios mencionados habría ocurrido el 8 de julio del año pasado, cuando el intendente la convocó a su despacho para dialogar sobre cuestiones vinculadas a su situación laboral.
La denunciante también relató que el hecho más grave se habría producido el 4 de septiembre de 2025 dentro de una oficina del edificio del Concejo Deliberante. Según su testimonio, durante una conversación en ese lugar se produjo un forcejeo que derivó en un presunto abuso sexual.
Tras la ratificación de la denuncia en sede judicial, el magistrado resolvió avanzar con nuevas medidas procesales. Además de los allanamientos ordenados, dispuso una prohibición de acercamiento del intendente hacia la denunciante, que incluye cualquier tipo de contacto personal, telefónico o virtual.
En paralelo, la mujer presentó recientemente otra denuncia contra el jefe comunal por presuntas amenazas. Según indicó en su declaración, el funcionario habría pasado frente a su domicilio en un vehículo y le habría dirigido un mensaje intimidante.
Pese a las medidas dispuestas, el intendente no puede ser detenido por el momento debido a que se encuentra en funciones y cuenta con inmunidad legal prevista en la Ley Orgánica de Municipalidades de Misiones. Esa normativa establece que intendentes y concejales no pueden ser detenidos por delitos que no sean flagrantes mientras ejercen el cargo, salvo que se disponga previamente su desafuero.
La investigación continúa en etapa preliminar y las medidas ordenadas por el juzgado forman parte de las diligencias previstas para avanzar en el esclarecimiento de los hechos denunciados.
