La mujer que denunció por presunto acoso y abuso sexual al intendente de Caraguatay volvió a declarar ante la Justicia y amplió su testimonio. La causa sigue avanzando mientras rige una restricción de acercamiento.
La denunciante se presentó este miércoles ante el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico para ratificar la acusación contra el intendente de Caraguatay, Mario Darío Peyer.
La audiencia se realizó ante el juez Manuel Balanda Gómez. Según fuentes vinculadas a la causa, la mujer reiteró los hechos denunciados y aportó nuevos detalles sobre los episodios.
Durante su declaración también habría mencionado a una persona que podría ser citada como testigo, ya que habría presenciado situaciones previas vinculadas a presuntos episodios de acoso.
Puntos Clave
- La denunciante ratificó su acusación ante el juez.
- La causa se tramita en Puerto Rico, Misiones.
- La mujer aportó nuevos detalles y posibles testigos.
- La Justicia dispuso restricción de acercamiento.
- El intendente posee fueros como funcionario electo.
Qué dice la denuncia y cómo sigue la causa
La causa se inició el 25 de febrero tras la presentación realizada por una trabajadora del Concejo Deliberante de Caraguatay ante la fiscalía.
Según su denuncia, los episodios habrían comenzado con acercamientos indebidos y posteriormente se habría producido un abuso dentro de una oficina del edificio legislativo local.
Uno de los hechos denunciados habría ocurrido el 8 de julio de 2024, cuando el intendente la citó a su despacho para tratar cuestiones laborales y habría intentado acariciarle las manos.
El episodio más grave, de acuerdo con el relato de la denunciante, habría ocurrido el 4 de septiembre, cuando el jefe comunal fue al Concejo Deliberante con una caja de bombones por el Día de la Secretaria y, dentro de una oficina, habría trabado la puerta y abusado de ella.
La presentación judicial también sostiene que, luego de ese hecho, el intendente habría amenazado con posibles represalias laborales contra el esposo de la mujer si avanzaba con la denuncia.
Por tratarse de un funcionario electo, el intendente cuenta con fueros, lo que impide su detención mientras no se inicie un proceso de desafuero. En paralelo, la Justicia ordenó una restricción de acercamiento para evitar cualquier contacto entre las partes.
