18 de abril de 2026

Avanza la investigación por presunto abuso y posible red de trata en San Ignacio: citan a declarar a la víctima y crece la intervención federal

Mueblería HyG

La inves­ti­gación por el pre­sun­to abu­so de una joven en San Igna­cio avan­za con inter­ven­ción provin­cial y fed­er­al, posi­bles vín­cu­los con tra­ta y un policía impli­ca­do, mien­tras cre­cen sospe­chas de encubrim­ien­to insti­tu­cional.

Luego del rescate de una joven de 18 años hal­la­da en un camp­ing de San Igna­cio jun­to a tres hom­bres tras un oper­a­ti­vo poli­cial solic­i­ta­do por su padre, la inves­ti­gación por el pre­sun­to abu­so sex­u­al comen­zó a rev­e­lar ele­men­tos que derivaron en la inter­ven­ción de la Procu­raduría de Tra­ta y Explotación de Per­sonas (Pro­tex) y en la aper­tu­ra de una causa para­lela en el fuero fed­er­al.

Fuentes con­sul­tadas con­fir­maron que el fis­cal de Instruc­ción Dos de Jardín Améri­ca, Jorge Fer­nán­dez, elevó al juez Rober­to Sena el pedi­do for­mal para instru­ir una causa por abu­so sex­u­al, mien­tras que dis­pu­so remi­tir copias de todas las actua­ciones al Juz­ga­do Fed­er­al de Oberá para inves­ti­gar la posi­ble exis­ten­cia de deli­tos como tra­ta de per­sonas y ven­ta de estu­pe­fa­cientes.

Competencias divididas: abuso en la justicia provincial y posible trata en el fuero federal

El juez Sena acom­pañó el cri­te­rio del fis­cal y con­fir­mó el avance de la inves­ti­gación por abu­so sex­u­al en la jus­ti­cia ordi­nar­ia. En para­le­lo, la doc­u­mentación envi­a­da al fuero fed­er­al per­mi­tirá eval­u­ar si los hechos encuad­ran en deli­tos de tra­ta, captación y explotación, dada la gravedad de los indi­cios detec­ta­dos.

La Fun­dación Alame­da tam­bién inter­vi­no tras detec­tar posi­bles man­io­bras de captación bajo engaño, sum­in­istro de dro­gas y par­tic­i­pación de un fun­cionario poli­cial, lo que motivó una denun­cia ante la Pro­tex. El organ­is­mo nacional ya abrió un expe­di­ente y real­iza inves­ti­ga­ciones pre­lim­inares.

La declaración clave de la víctima

La denun­ciante será cita­da a declarar en el tran­scur­so del mes. Su tes­ti­mo­nio será deter­mi­nante para recon­stru­ir los días pre­vios al oper­a­ti­vo, la relación con los sospe­chosos y el modo en que habría sido induci­da y traslada­da al lugar donde final­mente fue hal­la­da.

En el caso per­manecen bajo la lupa tres per­sonas, entre ellas un sar­gen­to ayu­dante de la Policía de Misiones, Car­los D., aparta­do pre­ven­ti­va­mente de la fuerza. La joven afir­mó que fue engaña­da bajo la prome­sa de un tra­ba­jo, dro­ga­da y abu­sa­da en una cabaña.

El relato que encendió las alertas

Según la denun­cia rad­i­ca­da en la Comis­aría de la Mujer, la joven había entabla­do vín­cu­lo días antes con uno de los sospe­chosos, pare­ja de una ami­ga. Él le ofrecía dinero y, cuan­do la deu­da cre­ció, la habría oblig­a­do a vender dro­gas. Pos­te­ri­or­mente, le ofre­ció un tra­ba­jo en Lore­to, que derivó en la citación al camp­ing donde ocur­rió el hecho.

La víc­ti­ma relató haber sido subi­da a un vehícu­lo, dro­ga­da y des­per­ta­do rodea­da de var­ios hom­bres, con dolor y sin recor­dar lo ocur­ri­do. Para la Alame­da, estos ele­men­tos son típi­cos de redes de captación y explotación.

Sospechas de encubrimiento policial

El padre de la víc­ti­ma, tam­bién policía, denun­ció irreg­u­lar­i­dades al momen­to de radicar la denun­cia: no se les per­mi­tió acom­pañar a la joven, demor­aron en entre­gar una copia de la denun­cia y habrían exis­ti­do incon­sis­ten­cias en el secue­stro de los celu­lares de los sospe­chosos.

La Fun­dación Alame­da sostiene que estas con­duc­tas podrían con­sti­tuir un inten­to de encubrim­ien­to, más aún con­sideran­do que uno de los impli­ca­dos pertenece a la fuerza.

Intervenciones y movimientos dentro de la Policía

Mien­tras avan­za la inves­ti­gación, el sar­gen­to sospe­choso fue aparta­do pre­ven­ti­va­mente. Al padre de la joven se le otorgó licen­cia y el comis­ario que par­ticipó del oper­a­ti­vo, Rubén Dos San­tos, fue traslada­do a Eldo­ra­do.

En caso de que se con­firme encubrim­ien­to o manip­u­lación de prue­bas, el caso podría reini­cia­rse des­de cero bajo super­visión fed­er­al. La Fis­calía Fed­er­al de Oberá definirá en las próx­i­mas sem­anas si la causa avan­za como tra­ta de per­sonas, nar­cotrá­fi­co y par­tic­i­pación de fun­cionar­ios del Esta­do.

Con infor­ma­ción de El Ter­ri­to­rio

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