La niña de 12 años perteneciente a la comunidad wichí en Tartagal, Salta, que se encadenó frente a la Ciudad Judicial por temor a que la obligaran a interrumpir su embarazo producto de un abuso sexual sigue bajo atención médica integral y con estado de salud estable.
Según informaron autoridades sanitarias, la menor se encuentra siendo monitoreada desde que se detectó su embarazo, que actualmente cursa entre las 16 y 20 semanas. Los profesionales del Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal —incluyendo equipos de tocoginecología, psicología, asistencia social y nutrición— acompañan su evolución para prevenir complicaciones y cuidar su bienestar físico y emocional.
La directora de Materno e Infancia del Ministerio de Salud de Salta destacó que el centro de salud tiene la responsabilidad de “cuidarla, acompañarla y evitar cualquier complicación”, y que la menor está con su familia durante todo el proceso de seguimiento.
La situación de encadenamiento se produjo por un malentendido: la niña interpretó que la citación judicial para prestar declaración en la causa penal era para forzarla a interrumpir el embarazo, cuando en realidad se trataba de una audiencia para que pudiera testificar con resguardo y privacidad. Personal especializado logró tranquilizarla e intervenir en el momento.
En paralelo, la Justicia de Salta ordenó la detención del presunto abusador, un joven de 19 años, quien por el momento permanece prófugo.
